El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

El impuesto sobre actividades económicas (IAE) (1)

1.1. El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

Su regulación básica se encuentra recogida en los artículos 79 a 92 de la Ley de Haciendas Locales (LHL). Pero para el estudio de este impuesto hay que tener en cuenta, además, sus tarifas, que se encuentran reguladas, junto con sus respectivas instrucciones, en el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, con carácter general, y en el Real Decreto 1259/1991, de 2 de agosto, respecto de la actividad de ganadería independiente.

El hecho imponible del impuesto está constituido, en este caso, por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Así, es irrelevante la habitualidad en el ejercicio de la actividad. Una sola operación daría lugar a la realización del hecho imponible, la existencia o no de ánimo de lucro y la existencia o no de beneficio.

Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Al respecto hay que hacer las siguientes precisiones:

  • Se consideran actividades empresariales, a los efectos de este impuesto, las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen tal consideración, por consiguiente, las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.

Tendrá la consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

– Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.

– El estabulado fuera de las fincas rústicas.

– El trashumante o transterminante.

– Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.

También tendrían carácter de actividades empresariales, las actividades de carácter profesional cuando se ejerciten por personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria (LGT) (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio susceptible de imposición).

Se clasifican en la sección 1.ª de las tarifas del impuesto.

  • Se consideran actividades profesionales las clasificadas como tales en la sección 2.ª de las tarifas del impuesto (Real Decreto Legislativo 1175/1990) y que sean desarrolladas por personas físicas.
  • Se consideran actividades artísticas las clasificadas como tales en la sección 3.ª de las tarifas del impuesto, con independencia de que sean desarrolladas por personas físicas, jurídicas o entidades del artículo 33 de la LGT.

La LHL señala que el ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio; es decir, mediante anuncios por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de cualquier otro modo, correspondiendo a la Administración tributaria la carga de la prueba.

También el artículo 12 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas (IAE) y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, señala que la prueba del ejercicio de la actividad se llevará a cabo, en particular, por:

  • Cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o sus representantes legales.
  • Reconocimiento por el interesado o sus representantes legales en diligencia, en acta de inspección o en cualquier otro expediente tributario.
  • Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier otro procedimiento publicitario que ponga de manifiesto el ejercicio de una actividad económica.
  • Datos obtenidos de los libros o registros de contabilidad llevados por toda clase de organismos o empresas, debidamente certificados por los encargados de los mismos o por la propia Administración.
  • Datos facilitados por toda clase de autoridades por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración tributaria competente y, en especial, los aportados por los ayuntamientos.
  • Datos facilitados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, colegios y asociaciones profesionales y demás instituciones oficialmente reconocidas, por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración tributaria competente.

Se consideran actividades no sujetas al impuesto:

  • La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse.
  • La venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.
  • La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
  • La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
  • La realización de un solo acto u operación aislada de venta al por menor.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Están exentos del impuesto:

  • El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
  • Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. Esta exención tendrá carácter rogado.
  • Los siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del IS, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la LGT que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

– En cuanto a los contribuyentes por el IRNR, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A estos efectos el importe neto de la cifra de negocios se determinará del siguiente modo:

– El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

– El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del IS o de los contribuyentes por el IRNR, el del periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

– Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio (los casos del art. 42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección 1.ª del Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991), el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

– En el supuesto de los contribuyentes por el IRNR, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

  • Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o de convenios internacionales.
  • Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las mutualidades de previsión social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
  • Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas, o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
  • Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. Este beneficio y el expuesto en el apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
  • La Cruz Roja Española.

Fuera de la LHL también se recogen exenciones aplicables al impuesto como, por ejemplo, las siguientes:

  • Las entidades sin fines lucrativos por las explotaciones económicas declaradas exentas del IS por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo o exención que resultará aplicable a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades que tienen suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, fundaciones extranjeras situadas en España por las actividades de sus delegaciones, la ONCE, etcétera. Hasta el 31 de diciembre de 2004 mantendrán su vigencia las exenciones concedidas al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de diciembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
  • El Banco de España (Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España).
  • El ente público Puertos Españoles y las autoridades portuarias (Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y de la Marina Mercante).
  • Las Comunidades de Aguas y Heredamientos de Canarias por la actividad consistente en la captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos (Ley 19/1994, de 6 de julio de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias).

Finalmente, señalar que, con la intención de paliar los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes naturales, es tradicional la aprobación de reales decretos-ley que incorporan medidas tributarias en orden a la exención del IAE para esos ejercicios y zonas afectadas.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, recogidas en los reales decretos legislativos citados, de acuerdo con los preceptos contenidos en la LHL y en las disposiciones que la complementen y desarrollen y los coeficientes y bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las tarifas del impuesto, así como la instrucción para la aplicación de las mismas, y actualizar las cuotas en ellas contenidas.

La fijación de las cuotas que se hace en las tarifas deberá ajustarse a las bases establecidas en la LHL, que son las que siguen:

  • Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del impuesto. Esos elementos son, por ejemplo, la potencia instalada, el número de obreros, la población de derecho, el aforo de los locales de espectáculo, la superficie de los locales en los que se ejercen las actividades gravadas...
  • Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se ordenarán, en lo posible, con arreglo a la clasificación nacional de actividades económicas.
  • Determinación de aquellas actividades o modalidades de las mismas a las que por su escaso rendimiento económico se les señale cuota cero.
  • Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 15% del beneficio medio presunto de la actividad gravada y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas. Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por dichas cuotas y fijando su importe teniendo en cuenta su respectivo ámbito espacial.

La cuota tributaria del IAE consiste básicamente en la cuota de tarifa, que suele constar a su vez de dos conceptos:

  • Cuota de actividad. Que se determina conforme a lo dispuesto en el grupo o epígrafe que proceda de las tarifas, mediante el señalamiento de una cantidad fija (única o mediante una escala de tramos), de un porcentaje aplicable a una determinada magnitud o mediante un sistema de producto en el que se multiplica el número de unidades de los elementos tributarios señalados en el epígrafe por la cantidad señalada para cada uno de ellos.
  • Valor del elemento tributario superficie.

La cuota de tarifa es el resultado de la suma de ambos conceptos, aunque en determinados casos sólo se tiene en cuenta uno de ellos. Las cuotas de tarifa se pueden clasificar, según el territorio en que facultan para el ejercicio de la actividad, en:

  • Cuotas mínimas municipales. Son cuotas mínimas municipales de carácter general las que con tal denominación aparecen específicamente señaladas en las tarifas, sumando, en su caso, el elemento superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera otras que no tengan la calificación expresa en las referidas tarifas de cuotas provinciales o nacionales.

Igual consideración de cuotas mínimas municipales, pero de carácter especial, tendrán aquellas que, por aplicación de lo dispuesto en la tarifa, su importe está integrado, exclusivamente, por el valor del elemento tributario de superficie.

El pago de las cuotas mínimas municipales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo estará obligado a satisfacer tantas cuotas mínimas municipales, incrementadas en su caso con los coeficientes que hayan podido establecer los ayuntamientos afectados, cuantos locales en los que ejerza la actividad. Si en un mismo local se ejercen varias actividades, se satisfarán tantas cuotas mínimas municipales como actividades se realicen, aunque el titular de éstas sea la misma persona o entidad.

Las actuaciones que realicen los profesionales fuera del término municipal en el que radique el local en el que ejerzan su actividad no darán lugar al pago de ninguna otra cuota, ni mínima municipal ni provincial ni nacional.

Los profesionales que no ejerzan su actividad en local determinado y los artistas satisfarán la cuota correspondiente al lugar en el que se realicen sus actividades, pudiendo llevar a cabo, fuera del mismo, cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.

Las diputaciones provinciales podrán establecer un recargo sobre el IAE, el cual se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas municipales, modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación que se explicará más adelante, y su tipo no podrá ser superior al 40%. La gestión de este recargo se llevará a cabo juntamente con el impuesto sobre el que recae, por la entidad que tenga atribuida la gestión de éste y el importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las respectivas diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine.

  • Cuotas provinciales. Son cuotas provinciales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las tarifas.

El pago de las cuotas provinciales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el ámbito territorial de la provincia de que se trate, sin necesidad de satisfacer cuota mínima municipal alguna.

Los sujetos pasivos que ejerzan en una isla de los archipiélagos canario o balear actividades que tengan asignada cuota provincial, y cuando tributen por dicha cuota, satisfarán únicamente el 50% del importe de la cuota provincial asignada a la actividad de que se trate.

  • Cuotas nacionales. Son cuotas nacionales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las tarifas.

El pago de las cuotas nacionales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en todo el territorio nacional sin necesidad de satisfacer cuota mínima municipal o provincial alguna.

Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de cuotas, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las facultades que ello implica.

Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

A los efectos de la aplicación de este coeficiente, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo.

Asimismo, sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. Al respecto de este coeficiente de situación, en la LHL se establecen las siguientes limitaciones:

  • Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.
  • A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.
  • En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación.
  • La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.

.:: Ejemplo ::.

Supongamos que la entidad instaelectric, SA, realiza instalaciones eléctricas en general, actividad señalada con el epígrafe 504.1 de las tarifas del impuesto, para lo cual tiene afectado un local de su propiedad en la localidad de Málaga, que es donde la ejerce, que es valorado conforme a la Instrucción que acompaña a las mimas en 900 euros y que su importe neto de la cifra de negocios asciende a 1.260.600 euros.

Supongamos también que el Ayuntamiento de Málaga ha establecido, mediante la correspondiente ordenanza, que el coeficiente que pondera la situación física del local en el que la entidad ejerce su actividad es de 2,8 y que la Diputación Provincial de Málaga ha establecido un recargo sobre las cuotas del IAE de un 30%.

Si Instaelectric, SA, opta por tributar por la cuota municipal que tiene asignada el epígrafe correspondiente en las tarifas del impuesto, la cuota a ingresar sería la siguiente:

  • 690,47 euros (114.885 ptas.) + 900 euros = 1.590,47 euros (cuota mínima municipal).
  • 1.590,47 euros (cuota mínima municipal) x 1,29 = 2.051,70 euros.
  • 2.051,70 euros x 2,8 = 5.744,76 euros (cuota incrementada).
  • 5.744,76 euros x 30% = 1.723,42 euros (recargo provincial.
  • 5.744,76 + 1.723,42 euros = 7.468,18 euros (deuda tributaria a pagar).

Las cuotas del impuesto se exaccionarán y distribuirán con arreglo a las normas siguientes:

  • La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevará a cabo por el ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las respectivas actividades, observándose las siguientes especialidades:

– Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, radiquen en más de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida por el ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin perjuicio de la obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota en proporción a la superficie que en cada término municipal ocupe la instalación o local de que se trate, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias.

– En el caso de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las cuotas se distribuirán entre los municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la central, sin incluir el embalse, y aquellos otros en cuyo término se extienda el embalse.

– Tratándose de la actividad de producción de energía eléctrica en centrales nucleares, la cuota correspondiente se exigirá por el ayuntamiento en el que radique la central, o por aquel en el que radique la mayor parte de ella. En ambos casos, dicha cuota será distribuida, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias, entre todos los municipios afectados por la central, aunque en los mismos no radiquen instalaciones o edificios afectos a la misma.

– Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen en zonas portuarias que se extiendan sobre más de un término municipal serán distribuidas por el ayuntamiento exactor entre todos los municipios sobre los que se extienda la zona portuaria de que se trate, en proporción a la superficie de dicho término ocupada por la zona portuaria.

  • La exacción de las cuotas provinciales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en cuyo ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes. El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la Agencia Estatal exactora entre todos los municipios de la provincia y la diputación provincial correspondiente, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
  • La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la AEAT en cuyo ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los municipios y diputaciones provinciales de territorio común en los términos que reglamentariamente se establezcan.

A la cuota calculada conforme al procedimiento que se acaba de señalar, se le podrán practicar las siguientes bonificaciones:

  • Bonificaciones reguladas en la LHL:

Bonificaciones obligatorias:

– Bonificación del 95% en las cuotas que deban abonar las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación, tal y como establece la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

– Bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español (2 primeros periodos impositivos del impuesto en que se desarrolle la misma), ya estudiada.

Hay que advertir sobre la existencia de un régimen transitorio aplicable a quienes a 1 de enero de 2003 estén aplicando esta bonificación al amparo de la Nota Común 1.ª de la Sección 2.ª de las Tarifas del IAE, que continuarán disfrutando de la misma hasta la finalización del periodo impositivo señalado en esa norma (5 años a contar desde la primera declaración de alta) (Disp. Trans. 7.ª de la Ley 51/2002).

– Bonificación del 50% de la cuota de las actividades realizadas en Ceuta o Melilla.

  • Bonificaciones potestativas (a establecer mediante la correspondiente ordenanza fiscal por parte de los ayuntamientos que así lo deseen, así como los aspectos sustantivos y formales complemento de la regulación básica establecida en la LHL y que se van a comentar a continuación. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente) (aplicables a partir de 1 de enero de 2004 conforme a lo dispuesto en la Disp. Adic. 8.ª de la Ley 51/2002):

– Bonificación  de hasta el 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal (no si tributan por cuota provincial o nacional), durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma.

La aplicación de esta bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

El periodo de aplicación de esta bonificación también caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español (2 primeros periodos impositivos del impuesto en que se desarrolle la misma), ya estudiada.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa modificada por el coeficiente de ponderación y modificada, en su caso, por el coeficiente de situación. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación referente a las cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y a las sociedades agrarias de transformación, la que se está analizando se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación comentada.

Hay que advertir sobre la existencia de un régimen transitorio aplicable a quienes a 1 de enero de 2003 estén aplicando esta bonificación al amparo de la Nota Común 2.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas del IAE, que continuarán disfrutando de las mismas hasta la finalización del periodo impositivo señalado en esa norma (5 años a contar desde la primerra declaración de alta) (Disp. Trans. 7.ª de la Ley 51/2002).

– Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente por creación de empleo, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél.

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado antecitado, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones obligatorias y las potestativas anteriores.

– Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:

- Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.

- Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.

- Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones obligatorias y las potestativas anteriores.

– Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones obligatorias y las potestativas anteriores.

  • Bonificaciones establecidas fuera de la LHL:

– Bonificación del 95% en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración del "Caravaca Jubilar 2003" y que certifique la "Agencia para el desarrollo de la Comarca del Noroeste" que se enmarcan en sus planes y programas de actividades.

El periodo impositivo del impuesto coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural, y su devengo se produce el primer día del periodo impositivo.

Las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

.:: Ejemplo ::.

Supongamos que la protagonista de nuestro ejemplo anterior, instaelectric, sa, abre su negocio de instalaciones eléctricas el 2 de mayo de 2002 y se ve obligada a cerrar sus puertas el 13 de enero de 2003 dado su escaso nivel de encargos:

  • En el año 2002 deberá soportar el impuesto correspondiente a tres trimestres, puesto que está obligada a pagar el trimestre de inicio de la actividad completo.
  • En el año 2003 deberá soportar el impuesto correspondiente al primer trimestre y ello aunque no haya ejercido la actividad durante todo el trimestre completo.

En cuanto a las normas especiales de gestión del impuesto, hay que recordar que las competencias son compartidas entre la Administración tributaria del Estado, que tiene atribuida la gestión censal del impuesto, y la Administración tributaria local, que tiene atribuida la gestión tributaria del mismo.

Todo ello responde al hecho de que el IAE ofrece una información censal de las actividades económicas que se realizan en el país, lo cual tiene una trascendencia relevante en orden a la exigencia de otros impuestos tales como el IRPF o el IVA.

El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo. Dicha matrícula se formará anualmente para cada término municipal y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas y, en su caso, del recargo provincial. La matrícula estará a disposición del público en los respectivos ayuntamientos.

A fin de garantizar la adecuación de la matrícula con la realidad económica, se imponen al sujeto pasivo una serie de obligaciones de cara a la comunicación de los datos con trascendencia para la misma, que materializará a través de las correspondientes declaraciones censales:

  • Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.
  • Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto.
  • En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la "exención para pequeños y medianos negocios", deberán comunicar a la AEAT el importe neto de su cifra de negocios.
  • Esos sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención referida en el punto anterior o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación respecto del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Pero la Administración tributaria también puede realizar de oficio inclusiones, variaciones o exclusiones en la matrícula cuando tenga conocimiento de las circunstancias que las motivan por vías diferentes a la declaración del sujeto pasivo.

La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa y necesaria alteración de estos últimos en el mismo sentido.

  • Gestión censal. La formación de la matrícula del impuesto, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración tributaria del Estado. No obstante, tratándose de cuotas municipales, esas funciones podrán ser delegadas en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, en los términos que reglamentariamente se establezca.

Delegada o no la gestión censal del impuesto, la notificación de estos actos puede ser practicada por los ayuntamientos o por la Administración del Estado juntamente con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

  • Gestión tributaria. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, se llevará a cabo por los ayuntamientos y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a todas estas materias.

No obstante, todo lo anterior está referido a las cuotas mínimas municipales, ya que la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto corresponderá a la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, con relación a tal gestión, puedan establecerse con otras entidades.

La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse, en supuestos de tributación por cuota municipal, en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el ministro de Economía y Hacienda.

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