Los recursos tributarios de las entidades locales

Los recursos tributarios de las entidades locales (3)

2.1. Tasas

2.2. Precios públicos

2.3. Contribuciones especiales

 

2.3. Contribuciones especiales

Al igual que las dos categorías de recursos tributarios que se acaban de analizar, las contribuciones especiales son de exacción potestativa por parte de los entes locales y, al igual que ellas, podrán ser establecidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Su regulación básica se encuentra recogida en los artículos 28 a 37 de la LHL.

La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas, constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales, beneficio que no ha de tener que concretarse en magnitudes económicas, sino que basta un beneficio potencial.

En ese sentido, tendrán la consideración de obras y servicios locales:

  • Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales, y ello aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.
  • Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la ley.
  • Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la entidad local.

La LHL señala que las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido. Así, la vinculación del tributo con las obras o servicios que lo generan es necesaria.

Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición), especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.

Y concreta la norma quiénes se pueden considerar especialmente beneficiados:

  • En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.
  • En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas.
  • En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente.
  • En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

La LHL señala que el momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas. Así, cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación, y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, ya que, de no hacerlo, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

Continúa la LHL señalando que en el caso de mediar pagos anticipados efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo, el ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.

La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios, coste que estará integrado por los siguientes conceptos:

  • El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
  • El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.
  • El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios.
  • Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
  • El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las entidades locales hubieren de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.

El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la entidad la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o entidad pública o privada. No obstante, si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.

La cuota tributaria consistirá en el reparto de la base imponible entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

  • Con carácter general se aplicarán como módulos de reparto, conjunta o separadamente, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del IBI.
  • Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
  • En el caso de la construcción de galerías subterráneas, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón del espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.

En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.

El devengo de las contribuciones especiales se produce en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. No obstante, en el caso de las obras, si éstas fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

Así, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado o devolviendo en su caso las cantidades que excedan de la cuota individual definitiva.

La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. Así, la posible existencia de una Ordenanza General de Contribuciones Especiales en una entidad local no le exime de la obligación de aprobar en cada caso concreto, para cada contribución especial, el acuerdo de imposición correspondiente.

Asimismo, el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.

El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, si la hubiere, para cuestiones que sean comunes a todas las contribuciones especiales.

Respecto de la gestión del tributo, la LHL tan sólo señala que cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizados o prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra, y siempre que se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la ley, la gestión y recaudación de las mismas se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.

Asimismo, y respecto del contribuyente, se señala que una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco años.

La LHL recoge un régimen especial de colaboración ciudadana cual es el de las asociaciones administrativas de contribuyentes que los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituir con el fin de promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta (es decir, como mínimo el 10% del coste) cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. No obstante, la decisión final al respecto de la realización de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio corresponde a la entidad local.

Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por la entidad local también podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales, pero, en este caso, ni proponen la realización de la obra o el establecimiento o ampliación del servicio ni se comprometen a absorber la parte del coste que le corresponde a la entidad local. Así, su única función es la de coadyuvar a la realización de la obra o establecimiento o ampliación del servicio.

Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

2.2. Precios públicos

Esta categoría de ingresos de Derecho público, al igual que las tasas, es de carácter potestativo y se encuentra regulada básicamente en los artículos 41 a 48 de la LHL. También al igual que ellas pueden ser establecidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Es preciso recordar que en esta ocasión no estamos ante una categoría de tributo, sino que los precios públicos carecen de tal carácter; tienen la naturaleza de ingresos de Derecho público no tributarios. Ésa es la razón por la que no podemos hablar de hecho imponible, de sujeto pasivo, de devengo…, ya que son elementos propios de las figuras de naturaleza tributaria, y que nos veamos obligados a utilizar términos parejos que son más adecuados para el estudio de esta figura.

En la citada norma se establece, respecto del concepto (hecho imponible), que podrán establecerse precios públicos por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de Derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • Que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos, no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:

– Cuando no venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

– Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos no sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

  • Que sean efectivamente prestados por el sector privado.

Así, por ejemplo, podría establecerse un precio público por la utilización de las instalaciones deportivas municipales.

La LHL termina señalando que no se podrán exigir precios públicos por los servicios y actividades que también tenían vedados las tasas, cuya enumeración ya se ha hecho en este curso en el apartado anterior.

Resultan obligados al pago (sujetos pasivos) de los precios públicos las personas físicas, jurídicas y entidades del artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición) que se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse, entendiendo que resulta beneficiado quien solicita o recibe el servicio o actividad del ente local.

Respecto de su cuantificación (base imponible), la LHL señala que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Es decir, el precio de mercado actúa en sentido contrario que en las tasas, ya que lo que se intenta evitar es que los entes locales actúen en competencia desleal respecto del sector privado, que también realiza esa actividad o servicio en el mercado.

De ello se deduce que si ha de tenerse en cuenta el coste del servicio o actividad realizados, a la hora de establecer un determinado precio público sobre los mismos, habrá que realizar el estudio económico correspondiente que determine cuál es ese coste.

No obstante, la norma que se acaba de comentar queda en papel mojado a tenor de lo que a continuación establece la LHL, y es que cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere.

Una vez fijado cuál es la base global del precio público, la LHL da libertad absoluta a la entidad local para el establecimiento del procedimiento a seguir para la determinación individualizada de la cuantía del precio público.

La obligación de pago (devengo) de los precios públicos nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Al respecto del cobro (gestión) de los precios públicos, la LHL señala que las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación y es a ellas a las que corresponde la titularidad de la exacción de los mismos, aunque la LHL les permite establecer fórmulas de delegación de competencias o de colaboración con otros entes locales, al igual que sucede en el caso de los tributos locales.

Respecto del procedimiento de cobro y de la revisión de los actos dictados en la vía de cobro de los precios públicos, también se aplican las previsiones establecidas con carácter general para los tributos locales.

2.1. Tasas

La LHL las configura como un tributo de carácter potestativo, señalando que podrán ser establecidas y exigidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

La regulación básica de esta materia se encuentra recogida en los artículos 20 a 27 de la LHL, que posteriormente se encuentra desarrollada para cada una de las entidades locales que se acaban de referir.

El hecho imponible de las tasas está constituido por:

  • La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

– Hay utilización privativa cuando se produce la ocupación de una porción del dominio público que limite o excluya la utilización por los demás interesados. Ejemplo: la tasa por colocación de una terraza de verano.

– Hay aprovechamiento especial cuando concurren circunstancias singulares por peligrosidad, intensidad de uso o cualquier otra cosa semejante. Ejemplo: la tasa por apertura de una zanja.

  • La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de Derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

1.º Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos, no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:

– Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias que se exijan coactivamente por el ente local a sus administrados. Ejemplo: la tasa por otorgamiento de la licencia de apertura de un establecimiento comercial.

– Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. Ejemplo: la tasa por el enganche a la red de distribución de agua o electricidad.

2.º Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. Ejemplo: la tasa por el otorgamiento de la licencia de autotaxi.

Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.

No obstante, la LHL señala una serie de servicios por los que las entidades locales no pueden exigir tasas: por el abastecimiento de aguas en fuentes públicas, por el alumbrado de vías públicas, por la vigilancia pública en general, por la protección civil, por la limpieza de la vía pública y por la enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

Finalmente, al respecto del hecho imponible, señalar que las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los mismos. Ello es así puesto que ambas figuras tributarias gravan supuestos de hecho diferentes: el establecimiento o ampliación de un servicio (contribuciones especiales) y la utilización o prestación de ese servicio (tasas).

La exención en esta ocasión viene dada de la mano del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, que no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

También, y como se verá al analizar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate será deducible de la cuota a pagar por ese impuesto, lo cual implícitamente es una exención.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición):

  • Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.
  • Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales.

No obstante, la LHL establece cuatro supuestos de sustitutos del contribuyente en el ámbito de las tasas:

  • En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles (quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios).
  • En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.
  • En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.
  • En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos (quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios).

La cuota tributaria de las tasas consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, en una cantidad fija señalada al efecto, o en la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

La LHL señala que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. Al respecto de la cuantificación de las tasas, la misma norma señala que:

  • Con carácter general se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público. No obstante, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Finalmente, cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos a excepción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

  • El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
  • Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente.

La disposición adicional 5.ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social establece una bonificación del 95% de la cuota de las tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas con “Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004” realizadas por las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de dicho evento según certificación del “Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004”.

Por su parte, las disposiciones adicionales 2.ª y 22.ª de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establecen otras dos bonificaciones del 95% respecto de la cuota de las tasas locales que pueden recaer sobre las operaciones relacionadas con “Año Santo Jacobeo 2004” y “Caravaca Jubilar 2003” realizadas por las empresas o entidades que desarrollen los objetivos de esos eventos, según certificación del “Consejo Jacobeo” y de la “Agencia para el Desarrollo de la Comarca del Noroeste” respectivamente.

En cuanto al devengo, la LHL establece que las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:

  • Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.
  • Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

En cuanto a las normas de gestión, las tasas se regirán por las normas de gestión generales en materia de tributos locales. La LHL lo único que señala al respecto es que las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación y que, asimismo, podrán establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas o los procedimientos de liquidación o recaudación.

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