Precios públicos

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2.2. Precios públicos

Esta categoría de ingresos de Derecho público, al igual que las tasas, es de carácter potestativo y se encuentra regulada básicamente en los artículos 41 a 48 de la LHL. También al igual que ellas pueden ser establecidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Es preciso recordar que en esta ocasión no estamos ante una categoría de tributo, sino que los precios públicos carecen de tal carácter; tienen la naturaleza de ingresos de Derecho público no tributarios. Ésa es la razón por la que no podemos hablar de hecho imponible, de sujeto pasivo, de devengo…, ya que son elementos propios de las figuras de naturaleza tributaria, y que nos veamos obligados a utilizar términos parejos que son más adecuados para el estudio de esta figura.

En la citada norma se establece, respecto del concepto (hecho imponible), que podrán establecerse precios públicos por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de Derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • Que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos, no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:

– Cuando no venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

– Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos no sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

  • Que sean efectivamente prestados por el sector privado.

Así, por ejemplo, podría establecerse un precio público por la utilización de las instalaciones deportivas municipales.

La LHL termina señalando que no se podrán exigir precios públicos por los servicios y actividades que también tenían vedados las tasas, cuya enumeración ya se ha hecho en este curso en el apartado anterior.

Resultan obligados al pago (sujetos pasivos) de los precios públicos las personas físicas, jurídicas y entidades del artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición) que se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse, entendiendo que resulta beneficiado quien solicita o recibe el servicio o actividad del ente local.

Respecto de su cuantificación (base imponible), la LHL señala que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Es decir, el precio de mercado actúa en sentido contrario que en las tasas, ya que lo que se intenta evitar es que los entes locales actúen en competencia desleal respecto del sector privado, que también realiza esa actividad o servicio en el mercado.

De ello se deduce que si ha de tenerse en cuenta el coste del servicio o actividad realizados, a la hora de establecer un determinado precio público sobre los mismos, habrá que realizar el estudio económico correspondiente que determine cuál es ese coste.

No obstante, la norma que se acaba de comentar queda en papel mojado a tenor de lo que a continuación establece la LHL, y es que cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere.

Una vez fijado cuál es la base global del precio público, la LHL da libertad absoluta a la entidad local para el establecimiento del procedimiento a seguir para la determinación individualizada de la cuantía del precio público.

La obligación de pago (devengo) de los precios públicos nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Al respecto del cobro (gestión) de los precios públicos, la LHL señala que las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación y es a ellas a las que corresponde la titularidad de la exacción de los mismos, aunque la LHL les permite establecer fórmulas de delegación de competencias o de colaboración con otros entes locales, al igual que sucede en el caso de los tributos locales.

Respecto del procedimiento de cobro y de la revisión de los actos dictados en la vía de cobro de los precios públicos, también se aplican las previsiones establecidas con carácter general para los tributos locales.

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