Normativa

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1.1. Normativa

El artículo 149.1.18 a) de la Constitución señala que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

Ello supone que, en tanto Administración pública que es, las bases del régimen jurídico de la Administración local, incluidas las bases de las haciendas locales, son competencia exclusiva del Estado.

La proyección legal de este principio constitucional se ha materializado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y, en concreto, en lo que respecta a las Haciendas locales, en el Título VIII de la citada norma (artículos 105 a 116), así como en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (LHL).

Toda esta regulación general se hace sin perjuicio del respeto debido a los regímenes forales del País Vasco y de Navarra y a las situaciones especiales al respecto de Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla y Madrid y Barcelona, así como a los compromisos adquiridos mediante la firma de convenios internacionales en la materia.

Complementan esta regulación básica del Estado en materia de haciendas locales las ordenanzas de imposición y ordenación de tributos locales que en su caso dicten las correspondientes entidades locales.

Además, resultan aplicables en esta materia las normas de gestión tributaria dictadas por el Estado (Ley General Tributaria, Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Inspección de los Tributos...).

1.2. El poder tributario derivado de las entidades locales

Las entidades locales son titulares de lo que se conoce como un poder tributario derivado, el cual deriva del principio de reserva de ley en materia tributaria, recogido en el artículo 31.3 de la Constitución, de tal modo que la creación de los tributos locales, así como la regulación de todos sus elementos esenciales sólo podrá hacerse por ley, y esa ley es la estatal, dado que es en el Estado en el que recae la potestad originaria para establecer tributos mediante esa categoría de norma jurídica.

En definitiva, se pretende que sean los propios entes locales los que asuman la responsabilidad junto con el Estado al respecto de la elaboración de normas en materia tributaria local, pero sus competencias se limitan extraordinariamente. Consecuencia de todo ello es que:

  • La regulación básica en materia de haciendas locales sea competencia exclusiva del Estado.
  • Las entidades locales vienen obligadas a exigir los tributos que la ley estatal determine como de exacción obligatoria.
  • Mediante ordenanza, que tiene el rango de reglamento, y con los límites que la ley estatal establezca, las entidades locales en esos tributos de exacción obligatoria podrán graduar el volumen de recursos que deseen obtener procedente de los mismos.
  • También mediante ordenanza, las entidades locales podrán exigir con total libertad los tributos cuya exacción establezca la ley estatal con carácter potestativo, aunque deberán ajustar su poder de imposición a las normas establecidas en la citada ley estatal, la cual deberá regular la totalidad de los elementos esenciales del tributo de que se trate.

 

.:: Ejemplo ::.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se configura en la LHL como un impuesto de exacción obligatoria para los municipios, no podrá optarse por su imposición. No obstante, el ayuntamiento en cuestión podrá hacer uso de la habilitación que en esa norma se le hace en orden a fijar con un límite máximo la cuota tributaria del impuesto.

Así, al tratarse de un impuesto obligatorio, no es necesaria la aprobación de una ordenanza municipal en orden a su imposición; el ayuntamiento se regiría por la normativa básica del Estado en la materia (artículos 93 a 100 de la LHL), la cual sí será necesaria si se decide incrementar la cuota tributaria.

El principio de reserva de ley estatal en materia tributaria también alcanza a los beneficios fiscales aplicables en materia tributaria local. Así, el artículo 9 de la LHL establece que:

  • No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley (incluidas las Leyes de Presupuestos Generales del Estado) o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. Son los beneficios fiscales obligatorios.

No obstante, las leyes que no sean la propia LHL (ni tampoco los tratados internacionales), por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales, determinarán las fórmulas de compensación que procedan. También es cierto que esta norma suele quedar en papel mojado, ya que esas leyes a las que se refiere suelen establecer fórmulas del tipo de “dicho beneficio no dará lugar a la compensación del artículo 9.2 de la LHL”. Asimismo, tras la reforma operada en la LHL por la Ley 51/2002, la compensación ha quedado limitada a los supuestos que ya la tenía reconocida antes de su entrada en vigor.

  • Sólo podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. Son los beneficios fiscales potestativos.

De este modo se conjuga el principio de reserva de ley, al estar regulados los aspectos básicos del beneficio en la norma con rango legal y la potestad reglamentaria de las entidades locales, ya que la ordenanza correspondiente determinará la aplicabilidad del beneficio y concretará esos aspectos básicos del mismo.

En este caso, no caben fórmulas de compensación a favor de los entes locales que permitan la aplicación del beneficio en cuestión, dado que su aplicación no les viene impuesta por la norma, sino que deriva de su propia voluntad.

Otro límite con el que se encuentran las entidades locales a la hora de establecer su normativa propia respecto de los tributos locales es el que suponen los principios de territorialidad y de residencia efectiva, de tal manera que no podrán gravar hechos o situaciones que se manifiesten fuera de su territorio, o gravarlos de tal manera que con ello se vea afectada la libre circulación de personas, mercancías, servicios o capitales.

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