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El sistema tributario local

El sistema tributario local (13)

1.3. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

Su regulación se encuentra en los artículos 93 a 100 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y se trata de uno de los impuestos que la citada norma califica como de obligatoria imposición para las entidades locales y en concreto para los municipios.

El hecho imponible del IVTM es la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría. Así, son dos los elementos clave que determinan la sujeción a este impuesto:

  • Ser titular de ese tipo de vehículos. La titularidad es ostentada por la persona cuyo nombre figure en el permiso de circulación del vehículo.
  • Que se trate de vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas. Así, se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. También se consideran aptos, aunque no consten en ningún registro, los vehículos provistos de permisos temporales de circulación o de matrícula turística.

No está sujeta a este impuesto, por considerarse que no se produce en esos supuestos el hecho imponible, la titularidad de:

  • Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
  • Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. Esto es así porque no llevan matrícula propia, ya que utilizan como distintivo una placa posterior que coincide con la del vehículo que los arrastra.

Está exenta del impuesto la titularidad de:

  • Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
  • Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. Es requisito indispensable que los vehículos de nuestra representación diplomática, oficinas consulares… acreditados en el Estado en cuestión gocen del mismo estatuto de exentos.
  • Los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
  • Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.
  • Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
  • Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
  • Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circustancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones señaladas en los dos puntos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A esos efectos, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.

Para poder aplicar estas exenciones, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

  • Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
  • Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. Para poder aplicar esta exención, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

El sujeto pasivo del IVTM son las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición) a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Cuota tributaria. El impuesto se exigirá conforme a un cuadro de tarifas, que podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que básicamente consiste en asignar a cada clase de vehículo en función de su “factor tributario” (potencia, número de plazas, capacidad de carga útil o cilindrada) una cantidad o cuota en pesetas:

Las diversas clases de vehículos relacionadas en las tarifas se definen en el anexo II del Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales está establecida conforme a lo dispuesto en el anexo V de la misma norma.

No obstante, los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el cuadro anterior, mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2.

Los ayuntamientos podrán fijar un coe­ficiente para cada una de las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas, el cual podrá ser a su vez diferente para cada uno de los tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso del límite máximo que se acaba de señalar.

Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:

  • Bonificación de hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.
  • Bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.
  • Bonificación de hasta el 100% para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Las cuotas tributarias correspondientes a los vehículos cuyos propietarios residan en Ceuta y Melilla serán objeto de una bonificación del 50%.

.:: Ejemplo ::.

Suponiendo que D. Jesús N., residente en Zaragoza, da de baja un turismo de su propiedad el 15 de julio de 2003, con ocho caballos fiscales y fabricado en 1972, y suponiendo que el ayuntamiento del citado municipio ha hecho uso de la facultad de incrementar las cuotas de tarifa a la que tiene derecho conforme a la LHL, estableciendo el coeficiente de incremento máximo que ésta le permite, así como que ha establecido una bonificación del 75% de la cuota incrementada del impuesto para vehículos con una antigüedad superior a 25 años, la deuda tributaria a ingresar sería la siguiente:

  • 34,08 euros (cuota de tarifa) 2% (coeficiente de incremento) = 68,15 euros (cuota incrementada).
  • 68,15 euros – 75% 68,15 euros (bonificación) = 17,04 euros (cuota tributaria anual).
  • 17,04 euros 4/12 meses = 4,26 euros (a devolver).
  • 17,04 euros – 4,26 euros = 12,78 euros (cuota definitivamente soportada).

El periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición y abarcará hasta la finalización del año natural.

El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo; es decir, el 1 de enero de cada año, con carácter general, o bien el día de la adquisición, en el caso de que la misma tenga lugar a lo largo del periodo impositivo.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación si así lo estiman conveniente mediante la oportuna ordenanza fiscal.

En las respectivas ordenanzas fiscales los ayuntamientos dispondrán la clase de instrumento acreditativo del pago del impuesto. Por ejemplo, un distintivo colocado en el vehículo que acredite tal situación.

Finalmente, en cuanto a las obligaciones formales, señalar que quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar, previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas, porque, de no ser así, las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes correspondientes. Se exceptúa de tal obligación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con 15 o más años de antigüedad.

 

1.2. El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

La regulación que de este impuesto establece la LHL se recoge en sus artículos 61 a 78. En ellos se define al IBI como un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley.

El hecho imponible del impuesto que nos ocupa en esta ocasión está constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

  • De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
  • De un derecho real de superficie.
  • De un derecho real de usufructo.
  • Del derecho de propiedad.

Así las cosas, lo que hay que definir a continuación es el concepto de bienes inmuebles a los efectos de la aplicación del impuesto.

Pues bien, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario:

  • En el artículo 2 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, se señala que, a los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble (también tienen esa consideración los trasteros, las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular…).
  • Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, el que, de conformidad con la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el que reúna las características contenidas en el artículo 8 de la ley citada. Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica, exceptuándose de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de características especiales.
  • Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales.
  • A efectos catastrales tendrán la consideración de construcciones:

– Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados.

– Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.

– Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones.

No tendrán la consideración de construcciones aquellas obras de urbanización o mejora que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de que su valor deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente al valor del suelo, ni los tinglados o cobertizos de pequeña entidad.

  • Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos:

– Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

– Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.

– Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

– Los aeropuertos y puertos comerciales.

No están sujetos a este impuesto:

  • Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
  • Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

– Los de dominio público afectos a uso público.

– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

Asimismo, estarán exentos del impuesto los siguientes inmuebles: 1

  • Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
  • Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
  • Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y ello aunque éste se refería a la contribución territorial urbana, precedente del impuesto que nos ocupa.
  • Los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. En concreto, hay acuerdos suscritos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España.
  • Los de la Cruz Roja Española.
  • Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
  • La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
  • Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

Previa solicitud, también estarán exentos:

  • Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
  • Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural y estén registrados como integrantes del Patrimonio Histórico Español. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan una serie de condiciones.
  • La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Finalmente y respecto de las exenciones, las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal.

Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal.

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 33 de la LGT, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

Respecto de los inmuebles explotados en régimen de concesión, se establece una norma especial y es que  en el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon, ello sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común a los demás concesionarios, girándoles la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Se establece asimismo, una afección especial de los bienes cuya titularidad está sometida al impuesto de tal modo que, en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible del mismo, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria. Los notarios deberán hacer apercibimiento de ello a los adquirentes de esos inmuebles.

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades sin personalidad jurídica del artículo 33 de la LGT.

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Así, en el artículo 8 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, se señala que el valor catastral estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.

Pues bien, para su fijación se tendrán en cuenta una serie de factores, tales como:

  • La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción.
  • El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones.
  • Los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción, o los factores que correspondan en los supuestos de inexistencia de la citada promoción.
  • Las circunstancias y valores del mercado.
  • Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine.

Se establecen asimismo límites a la hora de determinar el valor catastral. Así, éste no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante Orden ministerial, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase. Además, en los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio.

La determinación del valor catastral se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores, que es un documento administrativo en el que se recogen, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, y que se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.

Las ponencias de valores serán de ámbito municipal, salvo cuando circunstancias de carácter territorial, económico, administrativo o de otra índole justifiquen una extensión mayor.

Dentro de su ámbito territorial, las ponencias de valores podrán ser:

  • Totales, cuando se extiendan a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase.
  • Parciales, cuando se circunscriban a los inmuebles de una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas.
  • Especiales, cuando afecten exclusivamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de características especiales.

La elaboración de las ponencias de valores se llevará a cabo por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con cualesquiera Administraciones públicas en los términos que reglamentariamente se establezca.

Previamente a su aprobación, las ponencias de valores totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados.

Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores totales o parciales se publicarán por edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando se trate de ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial.

La publicación de dichos acuerdos, que indicará en todo caso el lugar y plazo de exposición al público de las ponencias a que se refieran, se realizará antes del 1 de julio del año en que se adopten, en caso de ponencias de valores totales, y antes del 1 de octubre, en caso de ponencias de valores parciales y especiales.

Las ponencias de valores serán recurribles en vía económico-administrativa, sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.

Y en concreto respecto de lo que es la valoración en sí misma considerada señalar que el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará mediante el procedimiento de valoración colectiva o de forma individualizada.

  • El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.

El procedimiento de valoración colectiva podrá ser:

– De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total. Este procedimiento, en el que se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha.

– De carácter parcial, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores parcial. En este procedimiento se garantizará la coordinación de los nuevos valores catastrales con los del resto de los inmuebles del municipio.

– De carácter simplificado.

  • El procedimiento de valoración individual. Se trata de valoraciones que derivan de la formalización de declaraciones, comunicaciones y solicitudes, de procedimientos de subsanación de discrepancias o de actos de la inspección catastral.

– Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Las declaraciones se realizarán en la forma, plazos, modelos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda.

– Son comunicaciones:

- Las que remitan los Notarios y Registradores de la Propiedad, conforme al artículo 55 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

- Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.

- Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente.

Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguientes hechos, actos o negocios:

- La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas.

- La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.

- La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles.

- La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.

- La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.

- Las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las comunidades o entidades sin personalidad.

Los actos dictados como consecuencia de estos procedimientos se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT, y tendrán efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.

– El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar al que se acaba de hacer referencia.

La iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT.

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.

– Las actuaciones de inspección catastral podrán ser de comprobación y de investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, así como de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento.

La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la modificación de la descripción de los mismos por virtud de actuaciones inspectoras surtirán efectos desde el día siguiente a aquel en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se refieren dichas actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador.

Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores.

Los valores catastrales resultantes de estos procedimientos se notificarán individualmente a los titulares catastrales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 105 de la Ley 230/1963 de la LGT. La notificación se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado, incorporándose al expediente la acreditación de la notificación efectuada.

Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se publicará en los lugares destinados al efecto en el ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente en atención al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, a efectos de su notificación por comparecencia, la relación de los titulares con notificaciones pendientes en las que constará el procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. Dicha publicación irá precedida de anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según el ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de su exposición pública. En todo caso la comparecencia se deberá producir en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Los acuerdos adoptados tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produzca su notificación. No obstante, para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de la ponencia de valores vean modificada la naturaleza de su suelo y las ponencias de valores contengan los elementos y criterios para determinar su valor catastral, los acuerdos surtirán efectos el día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen dicha modificación, con independencia del momento en que se produzca la notificación del acto.

Los actos objeto de notificación podrán ser recurridos en vía económico- administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecutoriedad. Por otra parte, en los casos de notificación de valores acabados de exponer, el plazo para la interposición del recurso de reposición o reclamación económico- administrativa será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación o, en su caso, al de la finalización del plazo de 10 días para la comparecencia.

El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles de características especiales se iniciará con la aprobación de la correspondiente ponencia especial. La notificación, efectividad e impugnación de los valores catastrales resultantes de este procedimiento se regirán por lo dispuesto para este procedimiento de valoración colectiva general y parcial.

El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará por edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y no requerirá la elaboración de una nueva ponencia de valores.

Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas:

  • Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles, manteniendo los usos anteriormente fijados, y el valor recogido para esos usos en la ponencia en vigor refleje el de mercado, se determinarán los nuevos valores catastrales de las fincas afectadas conforme a los parámetros urbanísticos mencionados.
  • Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles, dichos bienes se valorarán tomando como valor del suelo el que corresponda a su ubicación, que en todo caso deberá estar comprendido entre el máximo y el mínimo de los previstos para el uso de que se trate en el polígono de valoración en el que se hallen enclavados tales bienes según la ponencia vigente.
  • Cuando la modificación del planeamiento determine cambios de naturaleza del suelo por incluirlo en ámbitos delimitados, hasta tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la edificabilidad a materializar en cada una de las parcelas afectadas, dichos bienes podrán ser valorados mediante la aplicación de los módulos específicos para los distintos usos que se establezcan por Orden del Ministro de Hacienda.

Los actos dictados como consecuencia de este procedimiento se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT y tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificación del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificación de su resolución. En todo caso, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses, a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento, sin que ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados.

Señalar finalmente por lo que se refiere a la determinación del valor catastral, que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada clase de inmuebles.

Asimismo, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán fijar coeficientes de actualización por grupos de municipios, que se determinarán en función de su dinámica inmobiliaria, de acuerdo con la clasificación de los mismos que se establezca reglamentariamente. Estos coeficientes se aplicarán sobre los valores catastrales actualizados con carácter general.

.:: Ejemplo ::.

Señalar el momento en que tendrán efectividad los valores catastrales asignados a las siguientes fincas de las que es titular Don Julio Hernando:

  • Un cortijo en la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), localidad en la que se ha producido un procedimiento de valoración colectiva general de bienes inmuebles, producto del cual le han notificado el valor catastral asignado a su inmueble el 17 de septiembre de 2003.

El 1 de enero de 2004.

  • Un gimnasio en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que adquirió mediante compraventa el 29 de diciembre de 2000, circunstancia que no fue comunicada al Catastro Inmobiliario y que es descubierta por la Inspección el 3 de abril de 2003.

El 30 de diciembre de 2000.

  • Una finca en la Manga del Mar Menor (Murcia), que ha sido sometida a un procedimiento simplificado de valoración colectiva de bienes inmuebles al estar enclavada en un polígono industrial que ahora va a ser destinada a la construcción de un residencial, producto del cual le han notificado el valor catastral asignado a su inmueble el 16 de febrero de 2004, habiéndose modificado el planeamiento el 31 de octubre de 2003.

El 1 de enero de 2004.

Por su parte, la base liquidable del impuesto será el resultado de practicar, de oficio, en la base imponible una reducción que responde a las siguientes características:

  • La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales.

No obstante, en el supuesto de inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de esta reducción y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por procedimientos de valoración colectiva de carácter general, se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando. En cambio, cuando se altere por procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial, procedimientos simplificados de valoración colectiva o bien por procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral, no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

  • La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
  • El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.
  • El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando se trate de los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial o procedimientos simplificados de valoración colectiva.
  • El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, con carácter general.
  • La reducción no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
  • En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.

.:: Ejemplo ::.

Suponiendo que para un determinado inmueble la base liquidable del año X ha sido de 30.000 euros y que como resultado de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general se ha visto aumentada a 42.000 euros, en el año X + 1 la reducción a practicar y la base liquidable a computar serían las siguientes:

  • Componente individual de la reducción: 42.000 euros (nuevo valor catastral) – 30.000 euros (base liquidable del año anterior) = 12.000 euros.
  • Coeficiente reductor: 0,9.
  • Reducción: 12.000 euros x 0,9 = 10.800 euros.
  • Base liquidable del año X + 1: 42.000 euros – 10.800 euros = 31.200 euros.

Supongamos ahora que en el año X + 2 el valor catastral asignado al mismo inmueble tras un procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial es de 48.000 euros. En este año, la reducción y la base liquidable del impuesto serían:

  • Componente individual de la reducción: 48.000 euros (nuevo valor catastral) – 31.200 euros (base liquidable año anterior) / 0,9 (último coeficiente reductor aplicado) = 18.666.67 euros.
  • Coeficiente reductor: 0,8.
  • Reducción: 18.666.67 euros x 0,8 = 14.933,34 euros.
  • Base liquidable año X + 2 = 48.000 euros (nuevo valor catastral) – 14.933,34 euros (reducción) = 33.066,66 euros.

La reducción será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:

  • Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:

– La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.

– La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el periodo de reducción de nueve años que se ha comentado.

  • Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:

– Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

– Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

– Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

– Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva, no requiriéndose en estos casos la notificación individual. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos.

El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6%. Los ayuntamientos podrán establecer, para cada grupo de los mismos existentes en el municipio, un tipo diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%.

Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos que se acaban de señalar con los puntos porcentuales que para cada caso se indican, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas ellas:

Dentro de los límites resultantes de lo acabado de comentar, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto.

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.

Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante un periodo máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser inferiores al 0,1% para los bienes inmuebles urbanos ni al 0,075%, tratándose de inmuebles rústicos.

Los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general, deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo caso, antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo.

En los supuestos de alteración del término municipal, los ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a formar parte de su término municipal el tipo de gravamen vigente en el municipio de origen, salvo que acuerden establecer otro distinto.

.:: Ejemplo ::.

Determinar qué tipo impositivo por el IBI deberá soportar D. José Portela por la titularidad que ostenta en calidad de propietario de los siguientes inmuebles:

  • Una finca rústica en la que pastan sus caballos, que proviene de una donación efectuada por sus padres, en La Garganta (Cáceres), sabiendo que el citado ayuntamiento ha establecido, mediante la correspondiente ordenanza, un tipo de 0,2 y que lo ha incrementado en las cuantías máximas que le permite la LHL.

0,3 (mínimo establecido por la LHL para los bienes inmuebles rústicos) + 0,15 (incremento por tratarse de un municipio en el que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80% de la superficie total del término = 0,45%.

  • 3 locales de negocio, en Carmena (Toledo), en Alcorcón (Madrid) y en Salamanca, en los que desarrolla su actividad económica relacionada con las industrias cárnicas, sabiendo que los citados municipios han establecido en las correspondientes ordenanzas los tipos máximos que les permite la LHL.

Por el local de Carmena (Toledo): 1,10% (tipo máximo para los bienes inmuebles urbanos).

Por el local de Alcorcón (Madrid): 1,10 (tipo máximo para los bienes inmuebles urbanos) + 0,07 (incremento por prestar el servicio de transporte público colectivo de superficie) + 0,06 (incremento por prestación de más servicios de los obligatorios conforme al art. 26 de la Ley 7/1985) = 1,23%.

Por el local de Salamanca: 1,10 (tipo máximo para los bienes inmuebles urbanos) + 0,7 (incremento por ser capital de provincia) + 0,07 (incremento por prestar el servicio de transporte público colectivo de superficie) + 0,06 (incremento por prestación de más servicios de los obligatorios conforme al art. 26 de la Ley 7/1985) = 1,30%.

  • 1 apartamento en Suances (Cantabria), en el que pasa sus vacaciones estivales, sabiendo que el citado ayuntamiento ha establecido, mediante la correspondiente ordenanza, el tipo mínimo que le marca la LHL.

0,04%(mínimo establecido por la LHL para los bienes inmuebles urbanos).

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. 2

  • Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima de las señaladas.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

  • Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50% en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo que se acaba de señalar. La ordenanza fiscal determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación.

  • Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo provincial del impuesto, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Las ordenanzas fiscales deberán especificar los aspectos sustantivos y formales de estas bonificaciones, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

Asimismo, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del mismo, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección.

Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal.

También, los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en la misma se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio.

Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres periodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles.

Sin perjuicio de ello, en el supuesto de que la aplicación de otra bonificación concluya en el periodo inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble esta última bonificación, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior.

Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación.

Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

Y para terminar, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.

El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural.

Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Por lo que se refiere a las normas especiales de gestión del impuesto, hay que recordar que las competencias son compartidas entre la Administración tributaria del Estado, que tiene atribuida con carácter general la gestión censal del impuesto, y la Administración tributaria local, que tiene atribuida con carácter general la gestión tributaria del mismo.

El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro (gestión censal), sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.

Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos antecitados deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del impuesto.

Asimismo, en los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

En la medida en que los ayuntamientos tienen atribuida la gestión tributaria del impuesto, la LHL señala que la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del IBI, serán de su competencia exclusiva y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.

Asimismo, se señala que los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.

Finalmente, los ayuntamientos determinarán la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Sin embargo, se establecen también fórmulas de colaboración entre ambas instancias. Así, en los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión del Padrón catastral o de los demás documentos expresivos de sus variaciones, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el ayuntamiento o entidad local correspondiente. En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.

Finalmente, se señala que las competencias que con relación al IBI se atribuyen a los ayuntamientos se ejercerán directamente por aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la LBRL.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades locales reconocidas por las leyes y las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que se integren los respectivos ayuntamientos asumirán el ejercicio de las referidas competencias cuando así lo solicite el ayuntamiento interesado, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan.

Finalmente, en la LHL también se establecen una serie de obligaciones para el sujeto pasivo por lo que se refiere a la gestión del impuesto:

  • Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario.
  • Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las citadas declaraciones se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada.

1.1. El impuesto sobre actividades económicas (IAE)

Su regulación básica se encuentra recogida en los artículos 79 a 92 de la Ley de Haciendas Locales (LHL). Pero para el estudio de este impuesto hay que tener en cuenta, además, sus tarifas, que se encuentran reguladas, junto con sus respectivas instrucciones, en el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, con carácter general, y en el Real Decreto 1259/1991, de 2 de agosto, respecto de la actividad de ganadería independiente.

El hecho imponible del impuesto está constituido, en este caso, por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Así, es irrelevante la habitualidad en el ejercicio de la actividad. Una sola operación daría lugar a la realización del hecho imponible, la existencia o no de ánimo de lucro y la existencia o no de beneficio.

Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Al respecto hay que hacer las siguientes precisiones:

  • Se consideran actividades empresariales, a los efectos de este impuesto, las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen tal consideración, por consiguiente, las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.

Tendrá la consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

– Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.

– El estabulado fuera de las fincas rústicas.

– El trashumante o transterminante.

– Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.

También tendrían carácter de actividades empresariales, las actividades de carácter profesional cuando se ejerciten por personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria (LGT) (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio susceptible de imposición).

Se clasifican en la sección 1.ª de las tarifas del impuesto.

  • Se consideran actividades profesionales las clasificadas como tales en la sección 2.ª de las tarifas del impuesto (Real Decreto Legislativo 1175/1990) y que sean desarrolladas por personas físicas.
  • Se consideran actividades artísticas las clasificadas como tales en la sección 3.ª de las tarifas del impuesto, con independencia de que sean desarrolladas por personas físicas, jurídicas o entidades del artículo 33 de la LGT.

La LHL señala que el ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio; es decir, mediante anuncios por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de cualquier otro modo, correspondiendo a la Administración tributaria la carga de la prueba.

También el artículo 12 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas (IAE) y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, señala que la prueba del ejercicio de la actividad se llevará a cabo, en particular, por:

  • Cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o sus representantes legales.
  • Reconocimiento por el interesado o sus representantes legales en diligencia, en acta de inspección o en cualquier otro expediente tributario.
  • Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier otro procedimiento publicitario que ponga de manifiesto el ejercicio de una actividad económica.
  • Datos obtenidos de los libros o registros de contabilidad llevados por toda clase de organismos o empresas, debidamente certificados por los encargados de los mismos o por la propia Administración.
  • Datos facilitados por toda clase de autoridades por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración tributaria competente y, en especial, los aportados por los ayuntamientos.
  • Datos facilitados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, colegios y asociaciones profesionales y demás instituciones oficialmente reconocidas, por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración tributaria competente.

Se consideran actividades no sujetas al impuesto:

  • La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse.
  • La venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.
  • La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
  • La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
  • La realización de un solo acto u operación aislada de venta al por menor.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Están exentos del impuesto:

  • El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
  • Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. Esta exención tendrá carácter rogado.
  • Los siguientes sujetos pasivos:

– Las personas físicas.

– Los sujetos pasivos del IS, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la LGT que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

– En cuanto a los contribuyentes por el IRNR, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A estos efectos el importe neto de la cifra de negocios se determinará del siguiente modo:

– El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

– El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del IS o de los contribuyentes por el IRNR, el del periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

– Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio (los casos del art. 42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección 1.ª del Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991), el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

– En el supuesto de los contribuyentes por el IRNR, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

  • Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o de convenios internacionales.
  • Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las mutualidades de previsión social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
  • Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas, o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
  • Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. Este beneficio y el expuesto en el apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
  • La Cruz Roja Española.

Fuera de la LHL también se recogen exenciones aplicables al impuesto como, por ejemplo, las siguientes:

  • Las entidades sin fines lucrativos por las explotaciones económicas declaradas exentas del IS por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo o exención que resultará aplicable a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades que tienen suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, fundaciones extranjeras situadas en España por las actividades de sus delegaciones, la ONCE, etcétera. Hasta el 31 de diciembre de 2004 mantendrán su vigencia las exenciones concedidas al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de diciembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
  • El Banco de España (Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España).
  • El ente público Puertos Españoles y las autoridades portuarias (Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y de la Marina Mercante).
  • Las Comunidades de Aguas y Heredamientos de Canarias por la actividad consistente en la captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos (Ley 19/1994, de 6 de julio de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias).

Finalmente, señalar que, con la intención de paliar los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes naturales, es tradicional la aprobación de reales decretos-ley que incorporan medidas tributarias en orden a la exención del IAE para esos ejercicios y zonas afectadas.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, recogidas en los reales decretos legislativos citados, de acuerdo con los preceptos contenidos en la LHL y en las disposiciones que la complementen y desarrollen y los coeficientes y bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las tarifas del impuesto, así como la instrucción para la aplicación de las mismas, y actualizar las cuotas en ellas contenidas.

La fijación de las cuotas que se hace en las tarifas deberá ajustarse a las bases establecidas en la LHL, que son las que siguen:

  • Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del impuesto. Esos elementos son, por ejemplo, la potencia instalada, el número de obreros, la población de derecho, el aforo de los locales de espectáculo, la superficie de los locales en los que se ejercen las actividades gravadas...
  • Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se ordenarán, en lo posible, con arreglo a la clasificación nacional de actividades económicas.
  • Determinación de aquellas actividades o modalidades de las mismas a las que por su escaso rendimiento económico se les señale cuota cero.
  • Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 15% del beneficio medio presunto de la actividad gravada y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas. Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por dichas cuotas y fijando su importe teniendo en cuenta su respectivo ámbito espacial.

La cuota tributaria del IAE consiste básicamente en la cuota de tarifa, que suele constar a su vez de dos conceptos:

  • Cuota de actividad. Que se determina conforme a lo dispuesto en el grupo o epígrafe que proceda de las tarifas, mediante el señalamiento de una cantidad fija (única o mediante una escala de tramos), de un porcentaje aplicable a una determinada magnitud o mediante un sistema de producto en el que se multiplica el número de unidades de los elementos tributarios señalados en el epígrafe por la cantidad señalada para cada uno de ellos.
  • Valor del elemento tributario superficie.

La cuota de tarifa es el resultado de la suma de ambos conceptos, aunque en determinados casos sólo se tiene en cuenta uno de ellos. Las cuotas de tarifa se pueden clasificar, según el territorio en que facultan para el ejercicio de la actividad, en:

  • Cuotas mínimas municipales. Son cuotas mínimas municipales de carácter general las que con tal denominación aparecen específicamente señaladas en las tarifas, sumando, en su caso, el elemento superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera otras que no tengan la calificación expresa en las referidas tarifas de cuotas provinciales o nacionales.

Igual consideración de cuotas mínimas municipales, pero de carácter especial, tendrán aquellas que, por aplicación de lo dispuesto en la tarifa, su importe está integrado, exclusivamente, por el valor del elemento tributario de superficie.

El pago de las cuotas mínimas municipales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo estará obligado a satisfacer tantas cuotas mínimas municipales, incrementadas en su caso con los coeficientes que hayan podido establecer los ayuntamientos afectados, cuantos locales en los que ejerza la actividad. Si en un mismo local se ejercen varias actividades, se satisfarán tantas cuotas mínimas municipales como actividades se realicen, aunque el titular de éstas sea la misma persona o entidad.

Las actuaciones que realicen los profesionales fuera del término municipal en el que radique el local en el que ejerzan su actividad no darán lugar al pago de ninguna otra cuota, ni mínima municipal ni provincial ni nacional.

Los profesionales que no ejerzan su actividad en local determinado y los artistas satisfarán la cuota correspondiente al lugar en el que se realicen sus actividades, pudiendo llevar a cabo, fuera del mismo, cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.

Las diputaciones provinciales podrán establecer un recargo sobre el IAE, el cual se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas municipales, modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación que se explicará más adelante, y su tipo no podrá ser superior al 40%. La gestión de este recargo se llevará a cabo juntamente con el impuesto sobre el que recae, por la entidad que tenga atribuida la gestión de éste y el importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las respectivas diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine.

  • Cuotas provinciales. Son cuotas provinciales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las tarifas.

El pago de las cuotas provinciales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el ámbito territorial de la provincia de que se trate, sin necesidad de satisfacer cuota mínima municipal alguna.

Los sujetos pasivos que ejerzan en una isla de los archipiélagos canario o balear actividades que tengan asignada cuota provincial, y cuando tributen por dicha cuota, satisfarán únicamente el 50% del importe de la cuota provincial asignada a la actividad de que se trate.

  • Cuotas nacionales. Son cuotas nacionales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las tarifas.

El pago de las cuotas nacionales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en todo el territorio nacional sin necesidad de satisfacer cuota mínima municipal o provincial alguna.

Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de cuotas, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las facultades que ello implica.

Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

A los efectos de la aplicación de este coeficiente, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo.

Asimismo, sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. Al respecto de este coeficiente de situación, en la LHL se establecen las siguientes limitaciones:

  • Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.
  • A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.
  • En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación.
  • La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.

.:: Ejemplo ::.

Supongamos que la entidad instaelectric, SA, realiza instalaciones eléctricas en general, actividad señalada con el epígrafe 504.1 de las tarifas del impuesto, para lo cual tiene afectado un local de su propiedad en la localidad de Málaga, que es donde la ejerce, que es valorado conforme a la Instrucción que acompaña a las mimas en 900 euros y que su importe neto de la cifra de negocios asciende a 1.260.600 euros.

Supongamos también que el Ayuntamiento de Málaga ha establecido, mediante la correspondiente ordenanza, que el coeficiente que pondera la situación física del local en el que la entidad ejerce su actividad es de 2,8 y que la Diputación Provincial de Málaga ha establecido un recargo sobre las cuotas del IAE de un 30%.

Si Instaelectric, SA, opta por tributar por la cuota municipal que tiene asignada el epígrafe correspondiente en las tarifas del impuesto, la cuota a ingresar sería la siguiente:

  • 690,47 euros (114.885 ptas.) + 900 euros = 1.590,47 euros (cuota mínima municipal).
  • 1.590,47 euros (cuota mínima municipal) x 1,29 = 2.051,70 euros.
  • 2.051,70 euros x 2,8 = 5.744,76 euros (cuota incrementada).
  • 5.744,76 euros x 30% = 1.723,42 euros (recargo provincial.
  • 5.744,76 + 1.723,42 euros = 7.468,18 euros (deuda tributaria a pagar).

Las cuotas del impuesto se exaccionarán y distribuirán con arreglo a las normas siguientes:

  • La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevará a cabo por el ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las respectivas actividades, observándose las siguientes especialidades:

– Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, radiquen en más de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida por el ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin perjuicio de la obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota en proporción a la superficie que en cada término municipal ocupe la instalación o local de que se trate, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias.

– En el caso de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las cuotas se distribuirán entre los municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la central, sin incluir el embalse, y aquellos otros en cuyo término se extienda el embalse.

– Tratándose de la actividad de producción de energía eléctrica en centrales nucleares, la cuota correspondiente se exigirá por el ayuntamiento en el que radique la central, o por aquel en el que radique la mayor parte de ella. En ambos casos, dicha cuota será distribuida, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias, entre todos los municipios afectados por la central, aunque en los mismos no radiquen instalaciones o edificios afectos a la misma.

– Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen en zonas portuarias que se extiendan sobre más de un término municipal serán distribuidas por el ayuntamiento exactor entre todos los municipios sobre los que se extienda la zona portuaria de que se trate, en proporción a la superficie de dicho término ocupada por la zona portuaria.

  • La exacción de las cuotas provinciales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en cuyo ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes. El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la Agencia Estatal exactora entre todos los municipios de la provincia y la diputación provincial correspondiente, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
  • La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la AEAT en cuyo ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los municipios y diputaciones provinciales de territorio común en los términos que reglamentariamente se establezcan.

A la cuota calculada conforme al procedimiento que se acaba de señalar, se le podrán practicar las siguientes bonificaciones:

  • Bonificaciones reguladas en la LHL:

Bonificaciones obligatorias:

– Bonificación del 95% en las cuotas que deban abonar las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación, tal y como establece la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

– Bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español (2 primeros periodos impositivos del impuesto en que se desarrolle la misma), ya estudiada.

Hay que advertir sobre la existencia de un régimen transitorio aplicable a quienes a 1 de enero de 2003 estén aplicando esta bonificación al amparo de la Nota Común 1.ª de la Sección 2.ª de las Tarifas del IAE, que continuarán disfrutando de la misma hasta la finalización del periodo impositivo señalado en esa norma (5 años a contar desde la primera declaración de alta) (Disp. Trans. 7.ª de la Ley 51/2002).

– Bonificación del 50% de la cuota de las actividades realizadas en Ceuta o Melilla.

  • Bonificaciones potestativas (a establecer mediante la correspondiente ordenanza fiscal por parte de los ayuntamientos que así lo deseen, así como los aspectos sustantivos y formales complemento de la regulación básica establecida en la LHL y que se van a comentar a continuación. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente) (aplicables a partir de 1 de enero de 2004 conforme a lo dispuesto en la Disp. Adic. 8.ª de la Ley 51/2002):

– Bonificación  de hasta el 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal (no si tributan por cuota provincial o nacional), durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma.

La aplicación de esta bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

El periodo de aplicación de esta bonificación también caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español (2 primeros periodos impositivos del impuesto en que se desarrolle la misma), ya estudiada.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa modificada por el coeficiente de ponderación y modificada, en su caso, por el coeficiente de situación. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación referente a las cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y a las sociedades agrarias de transformación, la que se está analizando se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación comentada.

Hay que advertir sobre la existencia de un régimen transitorio aplicable a quienes a 1 de enero de 2003 estén aplicando esta bonificación al amparo de la Nota Común 2.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas del IAE, que continuarán disfrutando de las mismas hasta la finalización del periodo impositivo señalado en esa norma (5 años a contar desde la primerra declaración de alta) (Disp. Trans. 7.ª de la Ley 51/2002).

– Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente por creación de empleo, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél.

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado antecitado, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones obligatorias y las potestativas anteriores.

– Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:

- Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.

- Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.

- Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones obligatorias y las potestativas anteriores.

– Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones obligatorias y las potestativas anteriores.

  • Bonificaciones establecidas fuera de la LHL:

– Bonificación del 95% en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración del "Caravaca Jubilar 2003" y que certifique la "Agencia para el desarrollo de la Comarca del Noroeste" que se enmarcan en sus planes y programas de actividades.

El periodo impositivo del impuesto coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural, y su devengo se produce el primer día del periodo impositivo.

Las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

.:: Ejemplo ::.

Supongamos que la protagonista de nuestro ejemplo anterior, instaelectric, sa, abre su negocio de instalaciones eléctricas el 2 de mayo de 2002 y se ve obligada a cerrar sus puertas el 13 de enero de 2003 dado su escaso nivel de encargos:

  • En el año 2002 deberá soportar el impuesto correspondiente a tres trimestres, puesto que está obligada a pagar el trimestre de inicio de la actividad completo.
  • En el año 2003 deberá soportar el impuesto correspondiente al primer trimestre y ello aunque no haya ejercido la actividad durante todo el trimestre completo.

En cuanto a las normas especiales de gestión del impuesto, hay que recordar que las competencias son compartidas entre la Administración tributaria del Estado, que tiene atribuida la gestión censal del impuesto, y la Administración tributaria local, que tiene atribuida la gestión tributaria del mismo.

Todo ello responde al hecho de que el IAE ofrece una información censal de las actividades económicas que se realizan en el país, lo cual tiene una trascendencia relevante en orden a la exigencia de otros impuestos tales como el IRPF o el IVA.

El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo. Dicha matrícula se formará anualmente para cada término municipal y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas y, en su caso, del recargo provincial. La matrícula estará a disposición del público en los respectivos ayuntamientos.

A fin de garantizar la adecuación de la matrícula con la realidad económica, se imponen al sujeto pasivo una serie de obligaciones de cara a la comunicación de los datos con trascendencia para la misma, que materializará a través de las correspondientes declaraciones censales:

  • Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.
  • Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto.
  • En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la "exención para pequeños y medianos negocios", deberán comunicar a la AEAT el importe neto de su cifra de negocios.
  • Esos sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención referida en el punto anterior o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación respecto del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Pero la Administración tributaria también puede realizar de oficio inclusiones, variaciones o exclusiones en la matrícula cuando tenga conocimiento de las circunstancias que las motivan por vías diferentes a la declaración del sujeto pasivo.

La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa y necesaria alteración de estos últimos en el mismo sentido.

  • Gestión censal. La formación de la matrícula del impuesto, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración tributaria del Estado. No obstante, tratándose de cuotas municipales, esas funciones podrán ser delegadas en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, en los términos que reglamentariamente se establezca.

Delegada o no la gestión censal del impuesto, la notificación de estos actos puede ser practicada por los ayuntamientos o por la Administración del Estado juntamente con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

  • Gestión tributaria. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, se llevará a cabo por los ayuntamientos y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a todas estas materias.

No obstante, todo lo anterior está referido a las cuotas mínimas municipales, ya que la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto corresponderá a la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, con relación a tal gestión, puedan establecerse con otras entidades.

La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse, en supuestos de tributación por cuota municipal, en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el ministro de Economía y Hacienda.

3.2. El Impuesto sobre Incrementos de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Se trata de otro de los impuestos que la LHL califica como de exacción potestativa por parte de los ayuntamientos, y su regulación básica se encuentra recogida en los artículos 105 a 111 de la citada norma.

Se dice que el fundamento de este impuesto es la participación que el ayuntamiento debe tener en las plusvalías generadas en los terrenos de naturaleza urbana de propiedad particular con ocasión de la actuación urbanística y la realización de obras y servicios públicos por parte de las Administraciones públicas. La razón de ser de todo ello se encuentra en el artículo 47 de la Constitución, que señala que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la actuación urbanística de los entes públicos”.

El hecho imponible del impuesto que nos ocupa en esta ocasión es el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana a efectos del IBI que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o con ocasión de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Ejemplos de negocios jurídicos que suponen una transmisión de la propiedad serían: la compraventa, la permuta, la donación, la herencia, los excesos en adjudicación, la expropiación forzosa, la subasta judicial o notarial, la usucapión.

Ejemplos de derechos reales de goce limitativos de dominio serían: derecho de usufructo vitalicio o temporal, derecho de uso vitalicio o temporal, derecho de habitación, derecho de enfiteusis, derecho de superficie, censos, concesiones administrativas o las servidumbres.

La existencia de incremento es requisito necesario de cara a la sujeción al impuesto. Así, en el supuesto de que el sujeto pasivo no hubiera visto incrementado el valor del terreno en el tiempo en el que él ha ostentado un título del que se deriva una sujeción al impuesto, no resultaría obligado por el mismo. Para demostrar esa inexistencia del incremento de valor, el mismo cuenta con todos los medios admitidos en derecho. La razón de ser de esta norma es el hecho de que no se produce en estos casos el hecho imponible del impuesto: “el incremento de valor”.

No obstante, la LHL señala como supuesto de no sujeción el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del IBI.

En consecuencia, con ello está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho impuesto, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el catastro o en el padrón de aquél. Con ello se evita un efecto perjudicial para el ayuntamiento en caso de un eventual retraso en la asignación de valores catastrales por parte de la Dirección General del Catastro, que podría incidir, de no estar la norma redactada en tales términos, en una menor recaudación a favor del ente local.

Asimismo, estará sujeto al impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del IBI.

.:: Ejemplo ::.

D. Adelino P. es titular en el municipio de Santa Pola (Alicante) de un chalé sito en una urbanización no legalizada, cuyo terreno aún cuenta con la calificación de rústico en el catastro y en el padrón correspondientes, el cual se está planteando vender.

A pesar de su calificación como rústico, estamos ante un supuesto de terreno que a efectos del IBI debe ser calificado como urbano, lo cual implica que su transmisión genera la sujeción al impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Por otra parte, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

También la Ley del Impuesto sobre Sociedades 43/1995, de 27 de diciembre, en su disposición adicional 8.ª declara no sujetas al impuesto que nos ocupa las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el Capítulo VIII del Título VIII de la citada ley que regula el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, a excepción de las relativas a aportaciones de terrenos encuadradas dentro de las aportaciones no dinerarias especiales reguladas en el artículo 108 cuando no se hallen integradas en una rama de actividad. No se establecerán fórmulas de compensación por la imposición de este supuesto de no sujeción a favor de los municipios.

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, señala en su artículo 159.4 que las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la constitución de la junta de compensación por aportación de los propietarios de la unidad de ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los terrenos incorporados por aquéllos, no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

Asimismo, la misma norma señala en su artículo 170 que las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se efectúen en favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución y en proporción de sus respectivos derechos, no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

La LHL también señala que están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

  • La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
  • Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. Se deja para la ordenanza fiscal el establecimiento de los aspectos sustantivos y formales de la exención.
  • Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

– El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.

– El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.

– Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

– Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

– Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.

– Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

– La Cruz Roja Española.

– Las entidades sin fines lucrativos. Cuando el acto se realice a título oneroso la exención estará condicionada a la exención de los terrenos en el IBI.

En este impuesto es fundamental la diferencia entre los supuestos de no sujeción y los de exención, dadas las diferentes consecuencias que tienen ambas situaciones de cara a la determinación de la cuota tributaria a satisfacer por el mismo y a las operaciones de planificación fiscal que se derivan de su diferente regulación. Así, en los supuestos de no sujeción no se produce el devengo del impuesto, por lo que tampoco se ve interrumpido el periodo de generación del incremento de valor, de tal modo que tal periodo se computaría desde la fecha de la última transmisión sujeta y no exenta, sin tener en cuenta la transmisión no sujeta. En cambio, en los supuestos de exención sí se produce el devengo del impuesto (aunque el legislador beneficia la transmisión con una cuota cero), de tal modo que cuando el bien se vuelva a transmitir en una operación sujeta y no exenta el periodo de generación del incremento de valor se computará desde la fecha de la transmisión sujeta exenta.

.:: Ejemplo ::.

D. Ricardo y Doña Isabel, casados y en régimen de gananciales, adquieren el 6 de junio de 1991 una finca urbana en el municipio de Mora (Toledo). El 30 de octubre de 1999 constituyen sobre ella una servidumbre de paso. Tras su divorcio, deciden quedarse cada uno con la mitad de la finca, para lo cual proceden a su segregación, que se formaliza el 15 de agosto de 2001. Finalmente, ante la falta de liquidez que le ha producido la apertura de un negocio, doña Isabel procede a la transmisión de su parte de la finca el 13 de febrero de 2003.

Dado que el pago por la constitución de la servidumbre está exento de tributación y que tanto la disolución de la sociedad de gananciales realizada con ocasión del divorcio como la segregación no están sujetas al mismo (no hay transmisión), el periodo de generación del incremento de valor irá desde el 30 de octubre de 1999 (la exención interrumpe el periodo) al 13 de febrero de 2003. Con la constitución de la servidumbre han evitado que el periodo de generación se remontara al 6 de junio de 1991, fecha de la adquisición.

La LHL dice que es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente el que obtiene para sí la ganancia que supone el incremento de valor, que es:

  • En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la LGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. Por ejemplo, el donatario en la donación o el heredero en la herencia.
  • En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la LGT, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. Por ejemplo, el vendedor en la compraventa o el nudo propietario en la constitución del usufructo.

En estos supuestos, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la LGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. Por ejemplo, si el vendedor de una vivienda es residente en Dinamarca, el sujeto pasivo sustituto del impuesto será el comprador de la misma.

La base imponible del impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años. Pero ese incremento puede coincidir con la situación del mercado o no. Realmente es un incremento determinado conforme a un procedimiento y unos baremos que la misma ley establece.

Así, se señala que para determinar el incremento de valor se aplicará sobre el valor del terreno (el fijado en ese momento a efectos del IBI) en el momento del devengo (el de la transmisión o constitución de derecho real) el porcentaje que resulte del siguiente cuadro:

Periodo de 1 hasta 5 años
(% anual) máximo

Periodo de hasta 10 años
(% anual) máximo

Periodo de hasta 15 años
(% anual) máximo

Periodo de hasta 20 años
(% anual) máximo

3,7

3,5

3,2

3,0

El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el periodo que comprende el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento.

Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro anterior podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, sólo se considerarán los años completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho periodo.

.:: Ejemplo ::.

D. Jesús G. transmite mediante compraventa el 10 de marzo de 2003 un local de su propiedad sito en Valladolid, que adquirió el 23 de febrero de 1995 mediante el mismo tipo de negocio jurídico. Se sabe que el citado municipio ha establecido los porcentajes máximos que le permite la LHL.

El porcentaje a aplicar sobre el valor catastral del suelo será en este caso del 28% ( = 3,5% x 8 años).

No obstante, cuando el valor fijado a efectos del IBI sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efectos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Pero, al obligar la norma en estos casos a retrotraer el valor a efectos del IBI al momento del devengo del impuesto sobre incremento de valor, deberá procederse a deflactar ese valor en función del lapso de tiempo que medie, con el fin de que el sujeto pasivo del impuesto no se vea perjudicado ante un eventual incremento del valor del inmueble respecto del momento del devengo.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales se aplicará sobre la parte del valor que a efectos del IBI corresponda una vez aplicado a éste el porcentaje que corresponda conforme a las normas del ITP y AJD.

.:: Ejemplo ::.

Supongamos que Doña Margarita A. cede el usufructo de una vivienda de su propiedad sita en Alcorcón (Madrid), y con un valor catastral del suelo de 30.000 euros, a su hermana Doña Pilar A. por un periodo de cinco años.

Sabiendo que el usufructo temporal se valora en el ITP y AJD por el 2% del valor del bien al tiempo de la constitución del derecho real por cada año de duración del mismo con el límite del 70%, el valor a efectos del impuesto que nos ocupa sería:

5 años de duración x 2% = 10%

30.000 euros valor suelo x 10% = 3.000 euros

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales se aplicará sobre la parte del valor a efectos del IBI que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

.:: Ejemplo ::.

D. Mariano P. cede a su hermano D. José Luis P. el derecho a elevar una planta sobre un edificio de su propiedad que tiene un valor catastral del suelo de 60.000 euros y que conforme a la legislación urbanística aplicable puede ser elevado en tres plantas.

El derecho que adquiere D. José Luis habrá de valorarse en un tercio del valor total del terreno: 20.000 euros.

En los supuestos de expropiaciones forzosas, el cuadro de porcentajes anuales se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor del mismo a efectos del IBI fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, a efectos de la determinación de la base imponible de este impuesto, como valor del terreno o de la parte de éste según las reglas que se acaban de exponer, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso fijen los respectivos ayuntamientos. Dicha reducción tendrá como límite máximo el 60% y como límite mínimo el 40%. Dentro de estos límites, los ayuntamientos podrán fijar para cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales un tipo de reducción distinto. En los municipios cuyos ayuntamientos respectivos no fijen la reducción, ésta se aplicará, en todo caso, al tipo del 60%. Todo ello no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva correspondiente sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectivo.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos correspondientes de la escala de gravamen, la cual será fijada por el ayuntamiento, sin que el tipo impositivo pueda ser superior al 30%.

Dentro del límite señalado, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen, o uno para cada uno de los periodos de generación del incremento de valor indicados en el cuadro de porcentajes anuales a aplicar sobre el valor del terreno a efectos del IBI, a fin de obtener la base imponible del impuesto que nos ocupa en esta ocasión.

.:: Ejemplo ::.

El ayuntamiento de Málaga puede fijar el tipo del impuesto hasta en el 30% o bien optar por diferenciar el tipo en función del periodo de generación del incremento; por ejemplo del siguiente modo:

  • Periodo de 1 a 5 años: 30%
  • Periodo de hasta 10 años: 28%
  • Periodo de hasta 15 años: 26%
  • Periodo de hasta 20 años: 24%

La cuota tributaria así obtenida podrá ser objeto de bonificación, a saber:

  • Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se establecerá en la respectiva ordenanza fiscal.
  • La transmisión de la propiedad de terrenos por cualquier título o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los mismos, que produzca un incremento de valor sujeto y no exento al impuesto sitos en Ceuta o Melilla, determinará el nacimiento del derecho a una bonificación de un 50% en la cuota del impuesto.
  • Bonificación del 95% de la cuota respecto de los incrementos de valor sujetos y no exentos que se les produzcan a las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de “Fórum Universal de las culturas Barcelona 2004” según certificación del “Consorcio Organizador del Fórum Universal de las culturas Barcelona 2004”.
  • Bonificación del 95% de la cuota respecto de los incrementos de valor sujetos y exentos que se les produzcan a las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de “Año Santo Jacobeo 2004”, según certificación del “Consejo Jacobeo”.
  • Bonificación del 95% de la cuota respecto de los incrementos de valor sujetos y exentos que se les produzcan a las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de “Caravaca Jubilar 2003”, según certificación de la “Agencia para el Desarrollo de la Comarca del Noroeste”.

El impuesto se devenga:

  • Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
  • Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

No obstante, la norma indica que cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Pero si el contrato que origina el hecho imponible quedara sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Tal mutuo acuerdo se estima que existe en los supuestos de avenencia en acto de conciliación y en el simple allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto, desde luego a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla que se acaba de señalar.

.:: Ejemplo ::.

Doña Sonia M., propietaria de un local comercial en la calle Alcalá de Madrid desde el 5 mayo de 1996, fecha en que lo adquiere por herencia de su padre, lo transmite el 27 de marzo de 2001 a Doña Sofía M., entregando la compradora en el momento de la formalización del contrato 60.000 euros, comprometiéndose a pagar el resto en un plazo de seis años, a razón de 60.000 euros por bienio. Pero llegado el vencimiento del primer plazo, la compradora propone a Doña Sonia M. la resolución del contrato de compraventa a cambio de que no le sea devuelta la cantidad pagada inicialmente, a lo que la misma se aviene. Otros datos: el valor catastral del suelo a fecha del contrato es de 90.000 euros y a fecha del vencimiento del primer plazo es de 75.000 euros. Madrid ha establecido los porcentajes máxim os que le permite la LHL en orden a calcular el porcentaje a aplicar sobre el valor del suelo a efectos de obtener la base imponible, así como el tipo impositivo máximo que la misma norma le permite.

En este caso habría que practicar dos liquidaciones:

  • Una por la compraventa: 90.000 euros (3,7% x 4 años) 30%= 3.996 euros a pagar por Doña Sonia M.
  • Otra por la resolución del contrato: 75.000 euros (3,7% x 1 año) 30% = 832,5 euros a pagar por Doña Sofía.

Respecto de las normas especiales de gestión del impuesto, la LHL señala que los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

  • Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles.
  • Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

La norma faculta a los ayuntamientos para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la misma dentro de los plazos que se acaban de señalar. No obstante, el régimen de autoliquidación queda vedado en los supuestos en que en el momento del devengo los terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o integrados en un bien inmueble de características especiales, no tengan fijado valor catastral.

Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Se establece también, en cuanto a la gestión del impuesto, una obligación de comunicación del hecho imponible que se debe efectuar en los mismos plazos que en el caso de los sujetos pasivos y que recae:

  • En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.

3.1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Su regulación básica se recoge en los artículos 101 a 104 de la LHL y se trata de uno de los impuestos municipales que la norma califica como de potestativos. Es decir, que el ayuntamiento que desee exaccionarlo deberá aprobar la ordenanza fiscal correspondiente en orden a su ordenación e imposición.

El hecho imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición.

Así, la clave radica en la exigencia de la licencia para la realización de la construcción, instalación u obra que se va a ejecutar, con independencia de su obtención.

.:: Ejemplo ::.

Se ha comenzado a ejecutar antes de la concesión de la correspondiente licencia urbanística por parte del ayuntamiento de Palma de Mallorca, la rehabilitación de un edificio destinado a oficinas en la calle Lluis Fabregás de ese municipio. Una vez comenzadas las obras, el ayuntamiento procede a la denegación de la concesión de la licencia y a la ordenación de la finalización de las obras.

A pesar de haber comenzado la ejecución de la obra para la que se ha solicitado la licencia y de que esta última no se haya concedido por parte del ayuntamiento, lo que conlleva no poder llevar a término la rehabilitación planteada, no por ello la operación deja de estar sometida al impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. Ello es así ya que el comienzo de la ejecución de una obra para la que se necesita licencia urbanística determina la sujeción, con independencia de que la licencia llegue a concederse o no.

No obstante, la LHL determina que están exentas las construcciones, instalaciones u obras sujetas al impuesto de las que sean dueños el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales y que vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT dueños de la construcción, instalación u obra aunque no sean dueños del inmueble sobre el que se realizan las obras. En definitiva, el sujeto pasivo lo es el dueño de la obra, con independencia de si es el dueño del inmueble o no.

Se entiende que es dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

No obstante, lo característico de este impuesto es el hecho de que crea una figura que es la del sustituto del contribuyente, y así dice que lo es quien solicite las correspondientes licencias o realice las construcciones, instalaciones u obras, si no lo es el propio contribuyente.

En estos casos, quien solicita la licencia o quien realiza la obra, y no su dueño, es quien resulta obligado a realizar cuantas obligaciones se deriven de la realización del hecho imponible, incluso el pago del impuesto, con independencia de que posteriormente, tal y como también señala la norma, pueda exigir la cuota tributaria, al contribuyente, al dueño de la obra.

 

.:: Ejemplo ::.

D. Valero L., propietario de un solar en la localidad de Utebo (Zaragoza), decide proceder a la construcción sobre el mismo de una nave para dar cobijo a su maquinaria agrícola, encargando la misma a la empresa Construcciones SA, que aparte de proceder a la ejecución de la obra, se va a encargar de la tramitación de la solicitud de la correspondiente licencia urbanística.

En este supuesto, el contribuyente por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras sería D. Valero L. en calidad de dueño de la obra. No obstante, al ser la propia constructora encargada de la ejecución la que ha solicitado la correspondiente licencia urbanística, será ella, en calidad de sustituto del contribuyente, la que se vea obligada a soportar el pago del impuesto, con independencia de que posteriormente se lo pueda girar a D. Valero.

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso, el IVA y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Determinar qué debe entenderse por “coste real y efectivo” no es tarea fácil, aunque puede resumirse en la idea de que comprende el coste del material empleado más el coste del personal que ha intervenido en su ejecución.

La cuota tributaria de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, siendo éste el fijado por cada ayuntamiento, sin que pueda exceder del 4%.

Pero la normativa establece, con carácter potestativo, una serie de bonificaciones aplicables sobre esa cuota que disminuyen la cantidad efectiva a pagar por el sujeto pasivo, tales como:

  • Bonificación del 50% de la cuota en el supuesto de realización de instalaciones, construcciones u obras en Ceuta y Melilla.
  • Bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del emleo que justifiquen tal declaración.
  • Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.
  • Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.
  • Bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
  • Bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

A excepción de la primera, estas bonificaciones se aplican sobre la cuota minorada en el montante de la bonificación anterior. No obstante, la LHL señala que las ordenanzas regularán si todas algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente.

Por otra parte, es de destacar que el legislador estatal tradicionalmente ha venido estableciendo beneficios fiscales de cara a la promoción de determinados eventos, tales como en la actualidad la bonificación del 95% reconocida a las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de “Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004” según certificación del “Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004”, la bonificación del 95% reconocida a las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de “Año Santo Jacobeo 2004” según certificación del “Consejo Jacobeo” y la bonificación del 95% reconocida a las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de “Caravaca Jubilar 2003” según certificación de la “Agencia para el Desarrollo de la Comarca del Noroeste”.

Finalmente, señalar que las ordenanzas fiscales podrán regular, como deducción de la cuota íntegra o bonificada del impuesto, el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la deducción también se deja a la ordenanza fiscal.

La LHL determina que el devengo del impuesto, el nacimiento de la obligación de tributar, se produce en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

No obstante, hay que tener en cuenta que la cuantificación definitiva de la base imponible no va a poderse realizar en este momento, sino que deberá hacerse en uno posterior, ya que en este momento no se puede conocer cuál es el coste definitivo de la obra. Así, la manera de proceder será la siguiente: en el momento del comienzo de la obra o en caso de obtención de la licencia, se procederá a liquidar provisionalmente la deuda a sabiendas de que se deberá girar una liquidación definitiva tras su finalización.

Un dato importante es el de que, al producirse el devengo en el momento del comienzo de las obras, el coste a tener en cuenta para la determinación de la base imponible será el del precio de mercado de los medios materiales y humanos en esa fecha, con independencia del momento en que se gire la liquidación definitiva.

.:: Ejemplo ::.

Con fecha de 30 de noviembre de 2002, la empresa Construcsa comienza a ejecutar la construcción de un parking en la calle Manuel Candela, de Valencia, cuya licencia le es concedida por el ayuntamiento el 15 de diciembre de ese mismo año. La obra finaliza el 12 de febrero de 2003.

El devengo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se producirá en el momento del comienzo de las obras, el 30 de noviembre de 2002, momento en el cual la empresa constructora, que se ha hecho cargo de la gestión de la solicitud de la licencia, procederá al pago de la liquidación provisional que se le gire por parte del ayuntamiento sobre el coste real previsto de la obra. Tras la finalización de la misma, el 12 de febrero de 2003, se procederá a girarle la liquidación definitiva sobre el coste real y efectivo que ha tenido la misma valorado conforme a los precios de mercado a fecha 30 noviembre de 2002.

En esta línea, la LHL cuando regula la gestión del impuesto señala que cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

  • En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
  • Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que la misma establezca al efecto. Habrá que estar por tanto a lo dispuesto en la ordenanza correspondiente.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible determinada a los efectos del giro de la liquidación provisional practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Señala la LHL que los ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas sistemas de gestión conjunta y coordinada del impuesto y de la tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia urbanística.

Para terminar con esta cuestión, es preciso destacar que la LHL señala que los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. En estos casos, será el propio sujeto pasivo quien liquide la deuda tributaria y no la Administración, conforme a los datos aportados por el sujeto pasivo. Una vez más habrá que estar a lo estipulado en la ordenanza correspondiente.

2.3. Contribuciones especiales

Al igual que las dos categorías de recursos tributarios que se acaban de analizar, las contribuciones especiales son de exacción potestativa por parte de los entes locales y, al igual que ellas, podrán ser establecidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Su regulación básica se encuentra recogida en los artículos 28 a 37 de la LHL.

La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas, constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales, beneficio que no ha de tener que concretarse en magnitudes económicas, sino que basta un beneficio potencial.

En ese sentido, tendrán la consideración de obras y servicios locales:

  • Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales, y ello aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.
  • Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la ley.
  • Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la entidad local.

La LHL señala que las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido. Así, la vinculación del tributo con las obras o servicios que lo generan es necesaria.

Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición), especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.

Y concreta la norma quiénes se pueden considerar especialmente beneficiados:

  • En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.
  • En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas.
  • En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente.
  • En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

La LHL señala que el momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas. Así, cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación, y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, ya que, de no hacerlo, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

Continúa la LHL señalando que en el caso de mediar pagos anticipados efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo, el ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.

La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios, coste que estará integrado por los siguientes conceptos:

  • El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
  • El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.
  • El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios.
  • Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
  • El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las entidades locales hubieren de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.

El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la entidad la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o entidad pública o privada. No obstante, si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.

La cuota tributaria consistirá en el reparto de la base imponible entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

  • Con carácter general se aplicarán como módulos de reparto, conjunta o separadamente, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del IBI.
  • Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
  • En el caso de la construcción de galerías subterráneas, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón del espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.

En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.

El devengo de las contribuciones especiales se produce en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. No obstante, en el caso de las obras, si éstas fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

Así, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado o devolviendo en su caso las cantidades que excedan de la cuota individual definitiva.

La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. Así, la posible existencia de una Ordenanza General de Contribuciones Especiales en una entidad local no le exime de la obligación de aprobar en cada caso concreto, para cada contribución especial, el acuerdo de imposición correspondiente.

Asimismo, el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.

El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, si la hubiere, para cuestiones que sean comunes a todas las contribuciones especiales.

Respecto de la gestión del tributo, la LHL tan sólo señala que cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizados o prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra, y siempre que se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la ley, la gestión y recaudación de las mismas se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.

Asimismo, y respecto del contribuyente, se señala que una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco años.

La LHL recoge un régimen especial de colaboración ciudadana cual es el de las asociaciones administrativas de contribuyentes que los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituir con el fin de promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta (es decir, como mínimo el 10% del coste) cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. No obstante, la decisión final al respecto de la realización de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio corresponde a la entidad local.

Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por la entidad local también podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales, pero, en este caso, ni proponen la realización de la obra o el establecimiento o ampliación del servicio ni se comprometen a absorber la parte del coste que le corresponde a la entidad local. Así, su única función es la de coadyuvar a la realización de la obra o establecimiento o ampliación del servicio.

Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

2.2. Precios públicos

Esta categoría de ingresos de Derecho público, al igual que las tasas, es de carácter potestativo y se encuentra regulada básicamente en los artículos 41 a 48 de la LHL. También al igual que ellas pueden ser establecidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Es preciso recordar que en esta ocasión no estamos ante una categoría de tributo, sino que los precios públicos carecen de tal carácter; tienen la naturaleza de ingresos de Derecho público no tributarios. Ésa es la razón por la que no podemos hablar de hecho imponible, de sujeto pasivo, de devengo…, ya que son elementos propios de las figuras de naturaleza tributaria, y que nos veamos obligados a utilizar términos parejos que son más adecuados para el estudio de esta figura.

En la citada norma se establece, respecto del concepto (hecho imponible), que podrán establecerse precios públicos por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de Derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • Que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos, no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:

– Cuando no venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

– Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos no sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

  • Que sean efectivamente prestados por el sector privado.

Así, por ejemplo, podría establecerse un precio público por la utilización de las instalaciones deportivas municipales.

La LHL termina señalando que no se podrán exigir precios públicos por los servicios y actividades que también tenían vedados las tasas, cuya enumeración ya se ha hecho en este curso en el apartado anterior.

Resultan obligados al pago (sujetos pasivos) de los precios públicos las personas físicas, jurídicas y entidades del artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición) que se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse, entendiendo que resulta beneficiado quien solicita o recibe el servicio o actividad del ente local.

Respecto de su cuantificación (base imponible), la LHL señala que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Es decir, el precio de mercado actúa en sentido contrario que en las tasas, ya que lo que se intenta evitar es que los entes locales actúen en competencia desleal respecto del sector privado, que también realiza esa actividad o servicio en el mercado.

De ello se deduce que si ha de tenerse en cuenta el coste del servicio o actividad realizados, a la hora de establecer un determinado precio público sobre los mismos, habrá que realizar el estudio económico correspondiente que determine cuál es ese coste.

No obstante, la norma que se acaba de comentar queda en papel mojado a tenor de lo que a continuación establece la LHL, y es que cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere.

Una vez fijado cuál es la base global del precio público, la LHL da libertad absoluta a la entidad local para el establecimiento del procedimiento a seguir para la determinación individualizada de la cuantía del precio público.

La obligación de pago (devengo) de los precios públicos nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Al respecto del cobro (gestión) de los precios públicos, la LHL señala que las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación y es a ellas a las que corresponde la titularidad de la exacción de los mismos, aunque la LHL les permite establecer fórmulas de delegación de competencias o de colaboración con otros entes locales, al igual que sucede en el caso de los tributos locales.

Respecto del procedimiento de cobro y de la revisión de los actos dictados en la vía de cobro de los precios públicos, también se aplican las previsiones establecidas con carácter general para los tributos locales.

2.1. Tasas

La LHL las configura como un tributo de carácter potestativo, señalando que podrán ser establecidas y exigidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

La regulación básica de esta materia se encuentra recogida en los artículos 20 a 27 de la LHL, que posteriormente se encuentra desarrollada para cada una de las entidades locales que se acaban de referir.

El hecho imponible de las tasas está constituido por:

  • La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

– Hay utilización privativa cuando se produce la ocupación de una porción del dominio público que limite o excluya la utilización por los demás interesados. Ejemplo: la tasa por colocación de una terraza de verano.

– Hay aprovechamiento especial cuando concurren circunstancias singulares por peligrosidad, intensidad de uso o cualquier otra cosa semejante. Ejemplo: la tasa por apertura de una zanja.

  • La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de Derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

1.º Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos, no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:

– Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias que se exijan coactivamente por el ente local a sus administrados. Ejemplo: la tasa por otorgamiento de la licencia de apertura de un establecimiento comercial.

– Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. Ejemplo: la tasa por el enganche a la red de distribución de agua o electricidad.

2.º Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. Ejemplo: la tasa por el otorgamiento de la licencia de autotaxi.

Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.

No obstante, la LHL señala una serie de servicios por los que las entidades locales no pueden exigir tasas: por el abastecimiento de aguas en fuentes públicas, por el alumbrado de vías públicas, por la vigilancia pública en general, por la protección civil, por la limpieza de la vía pública y por la enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

Finalmente, al respecto del hecho imponible, señalar que las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los mismos. Ello es así puesto que ambas figuras tributarias gravan supuestos de hecho diferentes: el establecimiento o ampliación de un servicio (contribuciones especiales) y la utilización o prestación de ese servicio (tasas).

La exención en esta ocasión viene dada de la mano del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, que no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

También, y como se verá al analizar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate será deducible de la cuota a pagar por ese impuesto, lo cual implícitamente es una exención.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición):

  • Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.
  • Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales.

No obstante, la LHL establece cuatro supuestos de sustitutos del contribuyente en el ámbito de las tasas:

  • En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles (quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios).
  • En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.
  • En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.
  • En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos (quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios).

La cuota tributaria de las tasas consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, en una cantidad fija señalada al efecto, o en la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

La LHL señala que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. Al respecto de la cuantificación de las tasas, la misma norma señala que:

  • Con carácter general se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público. No obstante, cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Finalmente, cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos a excepción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

  • El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
  • Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente.

La disposición adicional 5.ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social establece una bonificación del 95% de la cuota de las tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas con “Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004” realizadas por las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de dicho evento según certificación del “Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004”.

Por su parte, las disposiciones adicionales 2.ª y 22.ª de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establecen otras dos bonificaciones del 95% respecto de la cuota de las tasas locales que pueden recaer sobre las operaciones relacionadas con “Año Santo Jacobeo 2004” y “Caravaca Jubilar 2003” realizadas por las empresas o entidades que desarrollen los objetivos de esos eventos, según certificación del “Consejo Jacobeo” y de la “Agencia para el Desarrollo de la Comarca del Noroeste” respectivamente.

En cuanto al devengo, la LHL establece que las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:

  • Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.
  • Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

En cuanto a las normas de gestión, las tasas se regirán por las normas de gestión generales en materia de tributos locales. La LHL lo único que señala al respecto es que las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación y que, asimismo, podrán establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas o los procedimientos de liquidación o recaudación.

1.6. La revisión de los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales

Con carácter general, a salvo de las especialidades que la norma pueda establecer en cada caso concreto, la revisión de los actos dictados en materia de gestión de los tributos locales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:

  • En el caso general, si el acto lo dicta un ente local, la LHL señala que contra él cabrá recurso de reposición obligatorio (en concreto, el regulado en el artículo 14.2) y, contra la resolución del mismo, recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente. Como se puede observar, queda suprimida la vía económico-administrativa en materia de tributos locales con carácter general.
  • En el supuesto de que un ente local delegue competencias que tiene atribuidas en materia de tributos locales a otro ente local o a una comunidad autónoma (artículo 7 de la LHL), la revisión de los actos dictados en virtud de esa delegación se hará conforme al sistema que tenga establecido el ente gestor:

– Si el acto lo dicta un ente local, la revisión se hará conforme al caso general.

– Si el acto lo dicta una comunidad autónoma, la revisión se hará conforme al sistema que ésta tenga establecido.

  • En el supuesto de tributos de gestión compartida (IBI e IAE) en los que la Administración estatal delega competencias que tiene atribuidas a los entes locales (artículos 78 y 91 de la LHL, respectivamente), la regla es la contraria que en el caso anterior, el sistema de revisión de los actos es el que tenga establecido el ente titular de la competencia, el Estado. Así, en estos casos, cabrá recurso de reposición potestativo ante el órgano que ha dictado el acto, contra el mismo reclamación económico-administrativa ante los tribunales económico-administrativos del Estado y cuando haya finalizado esta vía, recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente.

Los artículos 110 de la LRBRL y 14 de la LHL hacen también previsiones específicas respecto de la normativa del Estado en materia de procedimientos especiales de revisión. En concreto, respecto de los procedimientos especiales de revisión de actos nulos de pleno derecho, de actos contrarios a la ley o insuficientemente fundados, de devoluciones indebidas, de rectificación de errores materiales o de hecho y aritméticos y de actos lesivos para el interés público.

1.5. La titularidad de las competencias de gestión de los tributos locales

La LHL ha atribuido a los entes locales la titularidad de todos los tributos que se regulan en la misma, a excepción de dos competencias que la Administración del Estado ha reservado para sí misma:

  • La gestión y la inspección catastral dentro del IBI.
  • La gestión y la inspección censal dentro del IAE.

Pero, dada su heterogeneidad, la idea de atribuir las competencias de gestión de sus propios tributos a los entes locales puede provocar serios problemas en el caso de entes poco dotados personal y materialmente. Es por esto por lo que el legislador ha debido salir al paso regulando dos mecanismos que tratan de superar este problema:

  • Delegación de competencias (artículo 7 de la LHL). Mediante esta figura, los entes locales pueden ceder las facultades inherentes a la gestión, liquidación, inspección y recaudación tanto de sus tributos propios, salvo en las competencias que el Estado se reserva para sí mismo en el IBI y en el IAE, como del resto de los ingresos de Derecho público de carácter no tributario. La delegación puede hacerse tanto de uno como de todos los ingresos de Derecho público y tanto de una como de todas las facultades inherentes a cada uno de ellos.

El órgano en que un ente local puede delegar sus competencias en materia tributaria puede ser otro ente local en cuyo ámbito territorial esté integrado, o bien la comunidad autónoma a la que pertenece, pero no en el Estado.

Las entidades que hayan asumido competencias por delegación de una entidad local podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.

.:: Ejemplo ::.

Si el ayuntamiento de Hortigüela (Burgos) ha delegado la competencia de inspección del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en la Diputación Provincial de Burgos, ésta podrá ejercer la competencia delegada cuando actúe en toda la provincia y no sólo en el ámbito territorial del municipio en cuestión.

Cuestión de vital importancia es la de la revisión de los actos dictados en delegación de competencias, la regla en esta materia es la de que la impugnación de los actos dictados en delegación de competencias se hará conforme al procedimiento que le resulte aplicable al ente gestor y no al delegante.

  • Colaboración entre Administraciones tributarias (artículo 8 de la LHL). Se puede llevar a cabo mediante las más variadas fórmulas, como intercambio de información, prestación de mutua asistencia e intercambio de datos y antecedentes, comunicación de hechos con trascendencia tributaria, elaboración de planes de inspección conjunta…

La colaboración, al igual que la delegación, se puede llevar a cabo en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de Derecho público propios de las entidades locales.

No obstante, y a diferencia del instrumento de la delegación de competencias, el de colaboración permite un margen de actuación más amplio, dado que la colaboración se extiende a todos los entes posibles, incluso a la Administración estatal y a cualquier ente local o autonómico, aunque no se halle en el ámbito territorial del ente que desea establecer acuerdos de colaboración.

Es más, las entidades que hayan establecido fórmulas de colaboración con otras entidades podrán desarrollar éstas incluso fuera de su ámbito territorial e incluso en el ámbito territorial de otras entidades no colaboradoras.

.:: Ejemplo ::.

Dada la existencia de un acuerdo de intercomunicación de hechos con trascendencia tributaria entre el ayuntamiento de Carreño (Asturias) y la comunidad autónoma a la que pertenece y entre esta última y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la comunidad autónoma asturiana podrá suministrar información al ayuntamiento en cuestión sobre el acaecimiento del fallecimiento de D. Pedro F., residente en León y que tenía su casa de vacaciones en la localidad asturiana, lo cual le será útil de cara a la exacción del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tal información ha sido obtenida gracias al acuerdo que tienen suscrito ambas comunidades autónomas y, en concreto, gracias a la tributación por el impuesto sobre sucesiones que los herederos del citado causante han formalizado ante la oficina liquidadora correspondiente de la comunidad autónoma castellano-leonesa.

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