1.5. La titularidad de las competencias de gestión de los tributos locales

La LHL ha atribuido a los entes locales la titularidad de todos los tributos que se regulan en la misma, a excepción de dos competencias que la Administración del Estado ha reservado para sí misma:

  • La gestión y la inspección catastral dentro del IBI.
  • La gestión y la inspección censal dentro del IAE.

Pero, dada su heterogeneidad, la idea de atribuir las competencias de gestión de sus propios tributos a los entes locales puede provocar serios problemas en el caso de entes poco dotados personal y materialmente. Es por esto por lo que el legislador ha debido salir al paso regulando dos mecanismos que tratan de superar este problema:

  • Delegación de competencias (artículo 7 de la LHL). Mediante esta figura, los entes locales pueden ceder las facultades inherentes a la gestión, liquidación, inspección y recaudación tanto de sus tributos propios, salvo en las competencias que el Estado se reserva para sí mismo en el IBI y en el IAE, como del resto de los ingresos de Derecho público de carácter no tributario. La delegación puede hacerse tanto de uno como de todos los ingresos de Derecho público y tanto de una como de todas las facultades inherentes a cada uno de ellos.

El órgano en que un ente local puede delegar sus competencias en materia tributaria puede ser otro ente local en cuyo ámbito territorial esté integrado, o bien la comunidad autónoma a la que pertenece, pero no en el Estado.

Las entidades que hayan asumido competencias por delegación de una entidad local podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.

.:: Ejemplo ::.

Si el ayuntamiento de Hortigüela (Burgos) ha delegado la competencia de inspección del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en la Diputación Provincial de Burgos, ésta podrá ejercer la competencia delegada cuando actúe en toda la provincia y no sólo en el ámbito territorial del municipio en cuestión.

Cuestión de vital importancia es la de la revisión de los actos dictados en delegación de competencias, la regla en esta materia es la de que la impugnación de los actos dictados en delegación de competencias se hará conforme al procedimiento que le resulte aplicable al ente gestor y no al delegante.

  • Colaboración entre Administraciones tributarias (artículo 8 de la LHL). Se puede llevar a cabo mediante las más variadas fórmulas, como intercambio de información, prestación de mutua asistencia e intercambio de datos y antecedentes, comunicación de hechos con trascendencia tributaria, elaboración de planes de inspección conjunta…

La colaboración, al igual que la delegación, se puede llevar a cabo en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de Derecho público propios de las entidades locales.

No obstante, y a diferencia del instrumento de la delegación de competencias, el de colaboración permite un margen de actuación más amplio, dado que la colaboración se extiende a todos los entes posibles, incluso a la Administración estatal y a cualquier ente local o autonómico, aunque no se halle en el ámbito territorial del ente que desea establecer acuerdos de colaboración.

Es más, las entidades que hayan establecido fórmulas de colaboración con otras entidades podrán desarrollar éstas incluso fuera de su ámbito territorial e incluso en el ámbito territorial de otras entidades no colaboradoras.

.:: Ejemplo ::.

Dada la existencia de un acuerdo de intercomunicación de hechos con trascendencia tributaria entre el ayuntamiento de Carreño (Asturias) y la comunidad autónoma a la que pertenece y entre esta última y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la comunidad autónoma asturiana podrá suministrar información al ayuntamiento en cuestión sobre el acaecimiento del fallecimiento de D. Pedro F., residente en León y que tenía su casa de vacaciones en la localidad asturiana, lo cual le será útil de cara a la exacción del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tal información ha sido obtenida gracias al acuerdo que tienen suscrito ambas comunidades autónomas y, en concreto, gracias a la tributación por el impuesto sobre sucesiones que los herederos del citado causante han formalizado ante la oficina liquidadora correspondiente de la comunidad autónoma castellano-leonesa.

1.4. La imposición y ordenación de los tributos locales

Su regulación básica se recoge en los artículos 15 a 19 de la LHL.

Para la imposición y ordenación de los tributos que les son propios, las entidades locales están dotadas de potestad reglamentaria, la cual ejercerán, a tenor de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LRBRL, a través de ordenanzas fiscales en las que regularán esos tributos y de ordenanzas generales en las que desarrollarán las normas formales de gestión, recaudación e inspección de los mismos. Asimismo, podrán dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.

El contenido básico que deben tener estas ordenanzas es el siguiente:

  • Las ordenanzas reguladoras de tributos de carácter potestativo deberán contener al menos la determinación del hecho imponible, sujetos pasivos, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, periodo impositivo y devengo, así como los regímenes de declaración e ingreso y las fechas de su aprobación y comienzo de su aplicación. Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos.
  • Las ordenanzas reguladoras de los tributos obligatorios contendrán los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos y además la fecha de su aprobación y la del comienzo de su aplicación. Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas deberán adoptarse simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en las mismas.

Asimismo, ambos tipos de ordenanzas podrán contener las disposiciones que adapten la normativa estatal en materia de gestión, liquidación, recaudación e inspección a su régimen de organización y funcionamiento, o bien el ente local podrá optar por elaborar una ordenanza específica en la materia.

1.3. Los recursos tributarios de las entidades locales. Enumeración

El artículo 2 de la LHL señala que la hacienda de las entidades locales estará constituida por una serie de recursos, de entre los que nos interesan:

  • Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
  • Los percibidos en concepto de precios públicos. No tienen la categoría de tributos, pero integran parte de la materia imponible que hasta ahora integraban las tasas.

No obstante, la LHL no considera titulares a todos los entes locales de estos recursos tributarios. Así, se pueden clasificar en:

  • Tributos de todas las entidades locales: las tasas, las contribuciones esenciales y los precios públicos.
  • Tributos de determinados tipos de entidad local: impuestos (municipios) y recargos sobre impuestos (provincias en el impuesto de actividades económicas –IAE– y áreas metropolitanas en el impuesto sobre bienes inmuebles –IBI–).

A su vez, los tributos locales se pueden clasificar en:

  • Tributos obligatorios: el IBI, el IAE y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
  • Tributos potestativos: las tasas, las contribuciones especiales, el impuesto sobre incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.

1.1. Normativa

El artículo 149.1.18 a) de la Constitución señala que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

Ello supone que, en tanto Administración pública que es, las bases del régimen jurídico de la Administración local, incluidas las bases de las haciendas locales, son competencia exclusiva del Estado.

La proyección legal de este principio constitucional se ha materializado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y, en concreto, en lo que respecta a las Haciendas locales, en el Título VIII de la citada norma (artículos 105 a 116), así como en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (LHL).

Toda esta regulación general se hace sin perjuicio del respeto debido a los regímenes forales del País Vasco y de Navarra y a las situaciones especiales al respecto de Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla y Madrid y Barcelona, así como a los compromisos adquiridos mediante la firma de convenios internacionales en la materia.

Complementan esta regulación básica del Estado en materia de haciendas locales las ordenanzas de imposición y ordenación de tributos locales que en su caso dicten las correspondientes entidades locales.

Además, resultan aplicables en esta materia las normas de gestión tributaria dictadas por el Estado (Ley General Tributaria, Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Inspección de los Tributos...).

1.2. El poder tributario derivado de las entidades locales

Las entidades locales son titulares de lo que se conoce como un poder tributario derivado, el cual deriva del principio de reserva de ley en materia tributaria, recogido en el artículo 31.3 de la Constitución, de tal modo que la creación de los tributos locales, así como la regulación de todos sus elementos esenciales sólo podrá hacerse por ley, y esa ley es la estatal, dado que es en el Estado en el que recae la potestad originaria para establecer tributos mediante esa categoría de norma jurídica.

En definitiva, se pretende que sean los propios entes locales los que asuman la responsabilidad junto con el Estado al respecto de la elaboración de normas en materia tributaria local, pero sus competencias se limitan extraordinariamente. Consecuencia de todo ello es que:

  • La regulación básica en materia de haciendas locales sea competencia exclusiva del Estado.
  • Las entidades locales vienen obligadas a exigir los tributos que la ley estatal determine como de exacción obligatoria.
  • Mediante ordenanza, que tiene el rango de reglamento, y con los límites que la ley estatal establezca, las entidades locales en esos tributos de exacción obligatoria podrán graduar el volumen de recursos que deseen obtener procedente de los mismos.
  • También mediante ordenanza, las entidades locales podrán exigir con total libertad los tributos cuya exacción establezca la ley estatal con carácter potestativo, aunque deberán ajustar su poder de imposición a las normas establecidas en la citada ley estatal, la cual deberá regular la totalidad de los elementos esenciales del tributo de que se trate.

 

.:: Ejemplo ::.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se configura en la LHL como un impuesto de exacción obligatoria para los municipios, no podrá optarse por su imposición. No obstante, el ayuntamiento en cuestión podrá hacer uso de la habilitación que en esa norma se le hace en orden a fijar con un límite máximo la cuota tributaria del impuesto.

Así, al tratarse de un impuesto obligatorio, no es necesaria la aprobación de una ordenanza municipal en orden a su imposición; el ayuntamiento se regiría por la normativa básica del Estado en la materia (artículos 93 a 100 de la LHL), la cual sí será necesaria si se decide incrementar la cuota tributaria.

El principio de reserva de ley estatal en materia tributaria también alcanza a los beneficios fiscales aplicables en materia tributaria local. Así, el artículo 9 de la LHL establece que:

  • No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley (incluidas las Leyes de Presupuestos Generales del Estado) o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. Son los beneficios fiscales obligatorios.

No obstante, las leyes que no sean la propia LHL (ni tampoco los tratados internacionales), por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales, determinarán las fórmulas de compensación que procedan. También es cierto que esta norma suele quedar en papel mojado, ya que esas leyes a las que se refiere suelen establecer fórmulas del tipo de “dicho beneficio no dará lugar a la compensación del artículo 9.2 de la LHL”. Asimismo, tras la reforma operada en la LHL por la Ley 51/2002, la compensación ha quedado limitada a los supuestos que ya la tenía reconocida antes de su entrada en vigor.

  • Sólo podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. Son los beneficios fiscales potestativos.

De este modo se conjuga el principio de reserva de ley, al estar regulados los aspectos básicos del beneficio en la norma con rango legal y la potestad reglamentaria de las entidades locales, ya que la ordenanza correspondiente determinará la aplicabilidad del beneficio y concretará esos aspectos básicos del mismo.

En este caso, no caben fórmulas de compensación a favor de los entes locales que permitan la aplicación del beneficio en cuestión, dado que su aplicación no les viene impuesta por la norma, sino que deriva de su propia voluntad.

Otro límite con el que se encuentran las entidades locales a la hora de establecer su normativa propia respecto de los tributos locales es el que suponen los principios de territorialidad y de residencia efectiva, de tal manera que no podrán gravar hechos o situaciones que se manifiesten fuera de su territorio, o gravarlos de tal manera que con ello se vea afectada la libre circulación de personas, mercancías, servicios o capitales.

Viernes, 25 Diciembre 2015 10:08

Novedades tributarias para 2016 Destacado

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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS


 

Rendimientos del trabajo.

I. Rendimientos del trabajo en especie

Se eleva de 500 a 1.500 el límite de renta exenta, en el caso de primas satisfechas a entidades asegurados para la cobertura de enfermedad, para las personas con discapacidad que dan derecho a aplicación de la exención, (trabajador, cónyuge o descendientes).

(Nueva redacción de la letra c) apartado 3 del artículo 42 de la Ley IRPF)

 

Actividades económicas.

II. Estimación directa

Se eleva de 500 a 1.500 euros el importe del gasto deducible por las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que conviva  con él, por cada uno de ellos con discapacidad.

(Modificación de la regla 5ª del apartado 2 del artículo  30 de la Ley del IRPF)

 

III. Limites para la aplicación del método de estimación objetiva en los años 2016 y 2017.

Para los años 2016 y 2017, se modifica los límites establecidos en la norma  tercera del artículo 31 de la Ley, de aplicación del método de estimación objetiva, en concreto:

  • Se modifica el límite por el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior, para el conjunto de las actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, pasando a 250.000 euros. Para este cómputo se deben tener en cuenta todas las operaciones, exista o no obligación de expedir factura por ellas.
  • Sin perjuicio de lo anterior, el límite será de 125.000 euros para el conjunto de operaciones por las que exista obligación de expedir factura por ser el destinatario un empresario o profesional que actúe como tal.
  • Se modifica el límite por el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior pasando a 250.000 euros anuales.

(Modificación del apartado a´) de la letra b) y la letra c) de la norma 3ª del apartado1 del artículo 31 LIRPF)

 

Deducciones Generales.

IV. Deducción por donativos destinados a la realización de operaciones prioritarias de mecenazgo.

  1. Establece las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2016.
  2. Eleva en cinco puntos porcentuales los porcentajes de deducción y los límites establecida en la ley 49/2002 para la deducción de estos donativos en el IRPF.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES


I. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles

El artículo 62 modifica los apartados 1, 2 y 3 del artículo 23 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo que con efectos a partir del 1 de julio de 2016, se modifica la forma de cálculo del incentivo fiscal de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.

A partir de la fecha señalada,  las rentas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 23, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del siguiente coeficiente:

  • Numerador: gastos directos directamente relacionados con la creación del activo, excluidos los derivados de la subcontratación  con terceros  vinculados,  incrementados en un 30 por ciento, sin que el numerador pueda superar el importe del denominador.
  • Denominador: gastos directos directamente relacionados con la creación del activo, y, en su caso, de la adquisición del activo.

En ningún caso se incluirán gastos financieros, amortizaciones u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo.

 

II. Obligación de presentar declaración del Impuesto sobre Sociedades

El artículo 63 establece, para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de la Ley no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

  • Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales.
  • Que los  ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
  • Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.

 

III. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

El artículo 64 modifica con efectos a partir del 1 de julio de 2016, la disposición transitoria vigésima, permitiendo que en  las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles realizadas antes del 29 de septiembre de 2013 se pueda optar por aplicar el régimen del artículo 23 regulado en el  RDL 4/2004 en la redacción dada por la 16/2007.

 

IV. Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria.

El artículo 65 modifica los artículos 11, 130 y la DT trigésimo tercera y añade la DA decimotercera, para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016.

  • Se añade un párrafo al apartado 12 del artículo 11 estableciendo el régimen aplicable a las dotaciones por deterioro no deducidas por aplicación de los artículos 13.1.a) y de los apartados 1 y 2 del artículo 14.
  • El artículo 130 establece como límite a la conversión en crédito exigible frente a la Administración Tributaria, el importe igual a la cuota líquida positiva correspondiente al período impositivo de generación de los activos por impuesto diferido.
  • La DA decimotercera establece una prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria consistente en el 1,5 por ciento del importe total de dichos activos existente el último día del período impositivo correspondiente al Impuesto sobre Sociedades.
  • La DT trigésima tercera establece el régimen aplicable a la conversión de activos por impuesto diferido generados en períodos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2016 en crédito exigible frente a la Administración Tributaria.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO


Se introducen en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) las siguientes modificaciones:

 

I. Exenciones en operaciones exteriores:

Se incorporan modificaciones técnicas para lograr una mejor adecuación de la regulación interna a la normativa comunitaria:

Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, el artículo 68 modifica el número 5º del artículo 21 LIVA ampliando la exención prevista para los servicios relacionados con las exportaciones a aquellos que se presten a los transitarios y consignatarios.

Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, el artículo 69 añade una letra d) al artículo 65 LIVA, para incluir como importación exenta la importación de los bienes que se destinen a las tiendas libres de impuestos vinculados al régimen de depósito distinto del aduanero.

 

II. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:

Con carácter transitorio para los ejercicios 2016 y 2017, en consonancia con los límites previstos para la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF, el artículo 70 añade una disposición transitoria decimotercera en la LIVA donde se elevan los límites que determinan la exclusión de los regímenes especiales simplificado y agricultura, ganadería y pesca respecto a los inicialmente previstos en la Ley 28/2014, de 27 de noviembre.

En concreto:

En el caso del régimen simplificado, el volumen de ingresos en el año inmediato anterior para el conjunto de actividades, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas, se amplía a 250.000 euros. A partir de 2018, este límite será de 150.000 euros.

En ambos regímenes, el volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las relativas al inmovilizado, se amplía a 250.000 euros. A partir de 2018, este límite será de 150.000 euros.

 

III. Cese en el régimen especial del recargo de equivalencia por sociedades civiles:

De acuerdo con la disposición transitoria tercera, las sociedades civiles que, con efectos 1 de enero de 2016, pasen a tener la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, cesen en el régimen especial del recargo de equivalencia podrán deducir en la autoliquidación correspondiente al período en que se produzca dicho cese, la cuota resultante de aplicar al valor de adquisición de sus existencias inventariadas en la fecha del cese, IVA y recargo de equivalencia excluidos, los tipos de dicho impuesto y recargo vigentes en la misma fecha (artículos 155 LIVA y 60 RIVA).

 

Lunes, 21 Abril 2014 16:57

Obligados a presentar declaración de IRPF 2013

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¿Quién tiene obligación de declarar?

Renta 2013 Están obligados a declarar (sea confirmando un borrador o presentando una declaración) todos los contribuyentes personas físicas residentes en España, excepto los que hayan percibido, exclusivamente, rentas procedentes de:

  1. Rendimientos del trabajo personal, iguales o inferiores a 22.000 euros anuales. Si se perciben rendimientos de más de un pagador, pensiones compensatorias o anualidades por alimentos, rendimientos del trabajo sometidos a un tipo fijo de retención o el pagador no está obligado a retener, el límite estará en 11.200 euros.
  2. Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
  3. Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial, con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

No tendrán que presentar declaración en ningún caso quienes obtengan rendimientos del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen los 1.000 euros ni quienes hayan tenido, exclusivamente, pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

No obstante, aunque no resulten obligados a declarar, todos los contribuyentes que tengan derecho a recibir una devolución tienen que confirmar el borrador o presentar la declaración para obtener su devolución.

Están obligados a presentar declaración en modelo ordinario (no pueden utilizar el borrador):

  • Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas (empresarios, profesionales, agricultores, ganaderos, etc).
  • Quienes perciban rendimientos del capital mobiliario no sujetos a retención o ingreso a cuenta.
  • Quienes hayan tenido ganancias patrimoniales no sujetas a retención o ingreso a cuenta y cualquier tipo de subvención calificada como rendimiento de actividades económicas.
  • Los contribuyentes con imputación de rentas inmobiliarias que procedan de más de ocho inmuebles.
  • Los contribuyentes perceptores de rendimientos del capital inmobiliario, en todos los casos y /o de rendimientos derivados del arrendamiento o cesión de bienes.
  • Los socios, herederos, comuneros o partícipes de entidades en régimen de atribución de Rentas que realicen actividades económicas.

Los obligados a presentar declaración tienen a su disposición la Guía y el Manual de Renta 2013, así como el programa PADRE, instrumentos que les facilitarán la cumplimentación de la declaración.

Domingo, 16 Marzo 2014 19:46

Limitación de pagos en efectivo Destacado

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El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones.

En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.
A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen:

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  • Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

El incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo mencionadas es constitutivo de infracción administrativa.

Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación indicada. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos.

La infracción será grave.

La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de uno u otro de los supuestos anteriormente mencionados.

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción.

Esta acción no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

La infracción mencionada prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. La sanción derivada de la comisión de la infracción prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

 

Domingo, 02 Marzo 2014 07:44

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Para el año 2014, la opción por el régimen especial del criterio de caja mediante la presentación de la correspondiente declaración censal se extenderá hasta el 31 de marzo de 2014, surtiendo efecto en el primer período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercitado la misma.
La Disposición adicional única del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre (BOE de 30 de diciembre) amplía el plazo para poder optar por el régimen especial del criterio de caja para el año 2014, con el objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran acogerse al mismo, y que, por dificultades en la adaptación de sus procedimientos informáticos no lo hubieran podido hacer durante el mes de diciembre de 2013, puedan optar durante el primer trimestre de 2014.
Domingo, 20 Octubre 2013 17:27

Novedades tributarias introducidas por la ley 14/2013 Destacado

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NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 14/2013,  DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

El artículo 27 de la Ley 14/2013 introduce las siguientes modificaciones en el IRPF: 

 

CON EFECTOS DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013:

 

  • Se suprime la exención de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.

    Se suprime la letra d) del apartado 4 del artículo 33 y la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley del Impuesto. Ambas normas establecían la exención de determinadas ganancias patrimoniales generadas en la transmisión de acciones y participaciones en empresas de nueva o reciente creación en los términos y condiciones de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley.

    No obstante, los contribuyentes que obtengan ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones adquiridas con anterioridad al 29 de septiembre de 2013 (entrada en vigor de la Ley 14/2013), podrán aplicar la exención prevista en la disposición adicional trigésima cuarta en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.

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